Luis Fernando Gómez Gutiérrez
Septiembre 21 de 2019
Los sectores que se
oponen a las acciones políticas para prevenir y controlar las enfermedades
crónicas no transmisibles, con frecuencia soportan sus argumentos en dos rasgos
propios del pensamiento liberal: a) la defensa a ultranza de las
libertades negativas, entendidas como la ausencia de coerción por parte de la
sociedad para impedir la acción de un individuo, y b) su tendencia a oponerse a
visiones de bien de carácter colectivo (Gaus et al, 2018). En el área de la
prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, esta
perspectiva se expresa en la oposición vehemente de la industria y de sus
aliados, a cualquier medida que incremente los impuestos, restrinja la
publicidad y promoción de productos nocivos para la salud, como el alcohol,
tabaco y las bebidas y comestibles ultra-procesados. Estas acciones, que son
las más efectivas en el área, son consideradas por estos actores como un
atentado a las libertades individuales.
Cuando me refiero a los opositores a estas medidas
incluyo, no solamente, a las industrias que elaboran estos productos sino,
además, a funcionarios públicos de alto rango que comparten esta visión minimalista
del papel del Estado, propia del liberalismo libertario (Lamont et al, 2017; Nozick,
1974).
El pensamiento liberal acierta cuando se opone a la
imposición de una visión de bien. En salud pública, podemos tener la tentación
de recomendar e implementar acciones políticas, sin tener en cuenta la
legitimidad social de las mismas. Bajo esta perspectiva, solo sería suficiente
contar con la evidencia científica acerca de la eficacia y efectividad de las
medidas propuestas[i].
Esta mirada prescriptiva de la salud pública es éticamente insostenible debido,
entre otros aspectos, a que desconoce el derecho que tiene una comunidad
política a formular sus propias leyes y políticas.
En una trampa similar caen los funcionarios
públicos y los sectores de la industria que reducen el problema de las enfermedades
crónicas no transmisibles, a decisiones individuales inadecuadas. Para ellos,
el Estado es un Leviatán o un mal necesario, cuyas funciones se deben
circunscribir a garantizar seguridad, proteger la propiedad y velar por la
seguridad jurídica de los contratos entre agentes privados (Lamont et al, 2017;
Nozick, 1974). Los que defienden esta perspectiva minimalista de Estado,
tienden a eludir la relevancia de la libertad de expresión, que es quizá el valor
más importante del pensamiento liberal; sin este, los movimientos sociales que
abogaban por la prevención del consumo del tabaco, no hubieran podido generar
el poder comunicativo para impulsar diversas acciones políticas dirigidas a regular esta industria (Sebrié et al, 2012).
Es
necesario distinguir entonces, entre la coerción emanada de un
poder arbitrario y la regulación propuesta por una comunidad política que se
impone su propia ley a partir de un acuerdo razonado. La
ciudadanía legitima y obliga, al reconocer el derecho que tiene cada persona a
decidir con otros las normas que van a regir la vida comunitaria (Meyer
& Hinchman, 2007). Bajo este abordaje propuesto por la democracia
deliberativa, el temor de los liberales libertarios acerca de la intromisión
indebida del Estado en asuntos relacionados con la salud humana está zanjada y
no tiene pertinencia.
Referencias
Gaus, G., Courtland, S., Schmidtz, David. (2018).
Liberalism. En: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Disponible
en: https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/liberalism/
Lamont, J., Favor, C. (2017). Distributive Justice. En
The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Disponible en: https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/justice-distributive/
Meyer, T., Hinchman L. (2007)
The theory of social democracy. Cambridge: Polity Press.
Nozick, R. (1974) Anarchy,
state and utopia. New York: Basic Books.
Sebrie,
E. M., Schoj, V. Travers, M. J., McGaw, B. y Glantz, S. A. (2012). Smokefree
policies
in Latin America and the Caribbean: Making progress. International Journal of
Environmental Research and Public Health, 9(5), 1954-1970.
[i] La ciencia ha sido fundamental para la salud pública, pero no
debe ser el único criterio
para llevar a cabo acciones políticas en el área. El cientificismo es antidemocrático, debido a
que desconoce la relevancia del conocimiento no científico y de las consideraciones
éticas y morales
acerca de cómo las personas
desean vivir sus vidas.
