sábado, 21 de diciembre de 2019

Breve respuesta a las afirmaciones erróneas realizadas por Camila Serna en su columna de El Tiempo.


Luis Fernando Gómez

En su columna de El Tiempo, titulada “El azúcar no es veneno”, Camila Serna asume que los patrones de alimentación son un asunto de decisiones individuales, llegando afirmar erróneamente que un niño o niña .. “sabe cuándo necesita comer algo salado y sabe parar cuando está lleno, inclusive de dulces; todo esto también es información que lo nutre” (vínculo para acceder a la columna: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/user-admin/el-azucar-no-es-veneno-columna-de-camila-serna-445762). Camila realiza otras afirmaciones que van en contravía del conocimiento actual en el área de la nutrición y desconoce toda la evidencia acerca de los riesgos de consumir niveles excesivos de azúcares adicionados, sodio y otros nutrientes críticos presentes en los comestibles ultraproceados.
Nuestro grupo de investigación divulgará el próximo año, el documento titulado: “Contraargumentos a los sectores que se oponen a acciones políticas efectivas para promocionar una alimentación saludable y prevenir la obesidad” (Gómez et al, en proceso de edición). Estos son algunos puntos que he tomado del mismo para contraargumentar las afirmaciones de Camila:   
-        Los patrones de alimentación están determinados por factores individuales, interpersonales, comunitarios, organizacionales y macrosociales (Story et al. 2008).
-        La industria de productos comestibles ultra-procesados invierte billones de dólares a nivel global, en estrategias de publicidad dirigidas a influenciar a las personas para que adquieran sus productos y, sin embargo, las culpabiliza por no tener control en sus patrones de consumo. Estas estrategias de márquetin y publicidad afectan de una manera significativa la toma decisiones de las personas, al generar un ambiente alimentario caracterizado por el predominio de opciones no saludables (Barnhill et al, 2013).
-        Las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad social y económica tienen limitaciones importantes en su autonomía, lo cual les impide tomar decisiones adecuadas con respecto a sus patrones de alimentación. Diversos estudios han encontrado que pertenecer a un bajo estrato socioeconómico, está positivamente asociado a patrones de alimentación no saludables (Merhout et al,  2019; Fernández-Alvira et al, 2014; Mayén et al, 2014).
-        Las preferencias relacionadas con el consumo de alimentos y productos comestibles, son adquiridas durante la infancia, no solo a través de la observación de los patrones de consumo de los padres sino, además, de la influencia ejercida por las diferentes estrategias de promoción y publicidad de la industria (Kotler et al, 2012).

No tiene sentido promocionar una alimentación saludable si no se modifica el contexto. Por este motivo debemos presionar al congreso a restringir el marketing de comestibles y bebidas no saludables. Existen otras acciones pero este sería un buen inicio.  

Referencias
Barnhill A, King KF. (2013) Ethical agreement and disagreement about obesity prevention policy in the United States. International journal of health policy and management 1(2): 117.
Fernández-Alvira JM, Bammann KPala VKrogh VBarba GEiben GHebestreit AVeidebaum TReisch LTornaritis MKovacs E1, Huybrechts IMoreno LA. (2014) Country-specific dietary patterns and associations with socioeconomic status in European children: the IDEFICS study. Eur J Clin Nutr.  68(7):811-21.
Gómez LF, Mora-Plazas M, Taillie S L. Contraargumentos a los sectores que se oponen a acciones políticas efectivas para promocionar una alimentación saludable y prevenir la obesidad. En proceso de edición.
Kotler J, Schiffman J, Hanson K. (2012) The influence of media characters on children's food choices. Journal of Health Communication. 17:8, 886-898
Mayén AL, Marques-Vidal P, Paccaud F, Bovet P, Stringhini S. (2014) Socioeconomic determinants of dietary patterns in low and middle income countries: a systematic review. Am J Clin Nutr. 100:1520-31.

Merhout FDoyle J. (2019) Socioeconomic Status and Diet Quality in College Students. J Nutr Educ Behav.  S1499-4046(19)30908-X.

Story M, Kaphingst KM, Robinson-O´Brien R, Glanz K. (2008) Creating healthy food and eating environments: Policy and environmental approaches. Annu. Rev. Public Health 29:253–72.


jueves, 12 de diciembre de 2019

Por qué es imposible una deliberación razonada con sectores industriales cuyos productos son nocivos para la salud


Luis Fernando Gómez Gutiérrez

Los discursos son formas reflexivas de comunicación o, en otras palabras, acciones orientadas al entendimiento y como tal están sujetos a reglas (1).

Las deliberaciones razonadas exigen que cada uno de los participantes exprese sus posturas de acuerdo a lo que realmente piensa, lo cual ha sido denominado como veracidad expresiva (2). Sin esta, la audiencia que participa en una deliberación no puede saber si una persona que representa a la industria, se opone a una acción política en el área de la salud pública por convicción personal o porque, simplemente, repite el libreto que le dicta el gremio o la corporación en la cual trabaja. Una situación similar se presenta con académicos o políticos que reciben apoyo de la industria.

Los voceros de la industria de comestibles ultra-procesados evitan discutir en forma pública y abierta acciones de salud pública que van en contra de sus intereses. Esta tarea es encomendada a asociaciones gremiales, las cuales recurren a todo tipo de tácticas para desorientar y manipular a la opinión pública (3,4).

No caigamos en la trampa. A la industria no le corresponde formular políticas de salud pública. Esa tarea la debe asumir la sociedad civil a través del congreso y de otras instituciones del estado. 

Posdata: Esta brevísima nota intenta brindar argumentos básicos acerca de este tema, lo cual nunca será posible a través de un trino. Sin embargo, sigue siendo muy limitada en términos conceptuales. Invito al lector interesado en el tema a revisar las referencias. 

Referencias

1) Finlayson JG. The Habermas-Rawls debate. Columbia University Press. 2019

2) Habermas J. Teoría de la acción comunicativa. Racionalidad de la acción y racionalización social (vol. I, página 144).  Taurus 2002.

3) Nixon L, Mejia P, Cheyne A, Wilking C, Dorfman L, Daynard R. (2015) We’re Part of the Solution”: Evolution of the Food and Beverage Industry’s Framing of Obesity Concerns Between 2000 and 2012. Am J Public Health. 105(11): 2228–2236.

4) Gómez LF, Mora-Plazas M, Taille LS. Contraargumentos a los sectores que se oponen a acciones políticas efectivas para promocionar una alimentación saludable y prevenir la obesidad. UNC, PUJ 2019.


viernes, 25 de octubre de 2019

¿Cuál es el compromiso de los movimientos políticos que aspiran gobernar a las ciudades colombianas, para enfrentar el creciente problema de los patrones de alimentación no saludables?

Luis Fernando Gómez Gutiérrez

Octubre 25 de 2019

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), entre las cuales están las enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes mellitus son la principal causa de muerte y discapacidad en Colombia (1). Existen varias acciones políticas y ambientales efectivas para enfrentar el creciente problema de la ECNT, las cuales están dirigidas, principalmente, a promocionar la actividad física, alimentación saludable y controlar y prevenir el consumo de tabaco (2-5).

Esta nota de blog tiene el propósito de formular algunas preguntas, que juzgo centrales, relacionadas con la promoción de una alimentación saludable, a los movimientos políticos[*]que aspiran gobernar a las ciudades colombianas en los próximos 4 años:

 ¿Qué acciones emprenderán para mejorar los entornos alimentarios saludables escolares? ¿Estarán dispuestos a restringir la comercialización de bebidas y comestibles ultra-procesados en los colegios y a incrementar la oferta de frutas y verduras? 

Evidencia que soporta la relevancia de estas preguntas:
  •  Los patrones de alimentación no saludables son el segundo factor de riesgo vinculado a mortalidad en Colombia (1). 
  • El porcentaje de niños y niñas colombianos entre los 5 y los 12 años con obesidad y sobrepeso aumentó de un 18,8 al 24,4% en el periodo 2010-2015; siendo las islas de San Andrés y Providencia y Guainía, los departamentos que presentan las prevalencias más elevadas (37,9 y 34,5%, respectivamente) (6).
  • El consumo de comestibles bebidas y comestibles ultra-procesados ofertadas en entornos escolares son causas de obesidad y diabetes tipo 2 (7-9). 
  • Existe evidencia acerca de la efectividad de varias acciones dirigidas a garantizar entornos alimentarios escolares saludables (10)


        ¿Evitarán establecer alianzas con la industria de bebidas y comestibles ultra-procesados
      
      Evidencia que soporta la relevancia de esta pregunta:
-        
  •  Las grandes compañías de bebidas y comestibles ultra-procesados llevan a cabo diversos “programas de responsabilidad social” dirigidos a promocionar la actividad física o patrones de alimentación saludables (11).
  •  Diversos estudios han encontrado que este tipo de iniciativas buscan debilitar los esfuerzos de abogacía de las organizaciones sociales, que abogan por la implementación de acciones políticas realmente efectivas, como impuestos a las bebidas azucaradas o un etiquetado nutricional de advertencias (12-15). 


¿Realizarán presión pública permanente al Congreso de la República para que apruebe medidas como: implementación de un etiquetado de advertencias, impuesto a las bebidas azucaradas y restricción del marketing de comestibles no saludables?

Evidencia que soporta la relevancia de esta pregunta:
-        
  •  Un impuesto al consumo a las bebidas azucaradas es una de las acciones políticas más costo efectivas para prevenir obesidad y enfermedades asociadas, debido a que tiene un alcance poblacional (16-18).
  •  La Organización Mundial de la Salud y otras entidades internacionales, han hecho un llamado a proteger a la población infantil de la exposición al marketing de bebidas y comestibles no saludables, debido a que es una fundamental fundamental para detener el aumento de la obesidad en niñas y niños (19-22).
  •  Colombia requiere un sistema de etiquetado de advertencias similar al implementado en Chile y Perú, que le permita a las personas comprender la información nutricional en forma adecuada. Existe evidencia robusta que soporta la efectividad de este tipo de etiquetado nutricional (23-27).


Referencias
  1. University of Washington. Institute for Health Metrics and Evaluation. Global Burden of Disease Study. 2019. Disponible en: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ (consultado el 22 de octubre de 2019).
  2.  Gómez LF, Sarmiento R, Ordoñez MF, Pardo CF, de Sa T, Mallarino CH, Miranda JJ, Mosquera J, Parra DC, Reis R, Quistberg DA. Urban environment interventions linked to the promotion of physical activity: A mixed methods study applied to the urban context of Latin America. Social Science & Medicine. 2015;131:18-30.
  3.  WHO. 2017 Taxes on sugar drinks: Why do i? Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260253/WHO-NMH-PND-16.5Rev.1-eng.pdf;sequence=1 (consultado el 22 de octubre de 2019).
  4.  Kovic Y, Noel JK, Ungemack JA, Burleson JA. The impact of junk food marketing regulations on food sales. Obesity Reviews. 2018;19(6):761-769.
  5. WHO. Framework Convention on Tobacco Control (WHO).
  6.  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Universidad Nacional de Colombia. Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; 2015
  7. Te Morenga L, Mallard S, Mann J. Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials and cohort studies. BMJ. 2012;346:e7492.
  8. Canella DS, Levy RB, Martins APB, Claro RM, Moubarac J-C, Baraldi LG, et al. Ultra-Processed Food Products and Obesity in Brazilian Households (2008–2009). Votruba SB, editor. PLoS One . 2014;9(3):e92752.
  9. Imamura F, O’Connor L, Ye Z, Mursu J, Hayashino Y, Bhupathiraju SN, et al. Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction. BMJ . 2015;351:h3576.
  10. Micha R, Karageorgou D, Bakogianni I, Trichia E, Whitsel LP, Story M, et al. Effectiveness of school food environment policies on children’s dietary behaviors: A systematic review and meta-analysis. Portero-Otin M, editor. PLoS One. 2018;13(3):e0194555.
  11. Gómez LF, Jacoby E, Ibarra L, Lucumí D, Hernandez A, Parra D, Florindo A, Hallal P. Sponsorship of physical activity programs by the sweetened beverages industry: public health or public relations? Rev Saúde Pública. 2011;45(2)
  12. Nixon L, Mejia P, Cheyne A, Wilking C, Dorfman L, Daynard R. We’re Part of the Solution”: Evolution of the Food and Beverage Industry’s Framing of Obesity Concerns Between 2000 and 2012. Am J Public Health. 2015;105(11): 2228–2236.
  13. Serodio PM, McKee M, Stuckler D. Coca-Cola – a model of transparency in research partnership? A network analysis of Coca Cola research funding (2008-2016) Public Health Nutrition. 2018; 21(9), 1594–1607.
  14. O’Connor A. Coca-Cola funds scientists who shift blame for obesity away from bad diets. The New York Times, 2015; 9 August. https://well.blogs.nytimes.com/2015/08/09/coca-cola-funds-scientists-who-shift-blame-for-obesity-away-from-bad-diets/ (consultada el primero de junio de 2018).
  15. Calvillo A. Exigimos retiro inmediato de publicidad de Coca-Cola. El poder del consumidor. 2013. Disponible en: http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/exigimos-retiro-inmediato-de-publicidad-de-coca-cola/ (consultada el primero de junio de 2018)
  16.  Escobar MAC, Veerman JL, Tollman SM, Bertram MY, Hofman KJ. Evidence that a tax on sugar sweetened beverages reduces the obesity rate: a meta-analysis. BMC public health 2013; 13(1): 1.
  17. Long MW, Gortmaker SL, Ward ZJ, et al. Cost Effectiveness of a Sugar-Sweetened Beverage Excise Tax in the U.S. American Journal of Preventive Medicine. 2015; 49(1): 112-23.
  18. Gortmaker SL, Long MW, Resch SC, et al. Cost Effectiveness of Childhood Obesity Interventions. American Journal of Preventive Medicine. 2015; 49(1): 102-11.
  19. World Health Organization. Consideration of the evidence on childhood obesity for the Commission on Ending Childhood Obesity: report of the ad hoc working group on science and evidence for ending childhood obesity. Geneva, Switzerland 2016.
  20. World Health Organization, Regional Office for Europe. Tackling food marketing to children in a digital world: trans-disciplinary perspectives. Copenhagen, Denmark 2016.
  21. European Union. Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020. 2014.
  22. World Cancer Research Fund International. NOURISHING Framework: Restrict food advertising and other forms of commercial promotion. 2016.
  23. Machín L, Curutchetb MR, Giménezc A, Aschemann-Witzeld J, Ares G. (2019) Do nutritional warnings do their work? Results from a choice experiment involving snack products Food Quality and Preference. 77:159-165.
  24. Massri C, Sutherland S, Kallestal C, Peña S. (2019) Impact of the food-labeling and advertising law banning competitive food and beverages in Chilean Public School, 2014-2016. Am J Public Health. 2019;109(9):1249-1254
  25. Ares G, Aschemann-Witzel J, Curutchet MR, Antúnez L, Machín L, Vidal L, Martínez J, Giménez A. (2018) Nutritional warnings and product substitution or abandonment: Policy implications derived from a repeated purchase simulation. Food Quality and Preference. 64:40-48.
  26. Bollard T, Maubach N, Walker N, Mhurchu CN. (2016) Effects of plain packaging, warning labels, and taxes on young people’s predicted sugar-sweetened beverage preferences: an experimental study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 13(1):95.
  27. Khandpur N, de Morais Sato P, Amaral Mais L, Bortoletto Martins AP, Galvão Spinillo C, Tarricone Garcia M, Urquizar Rojas CF, Constante Jaime P. (2018) Are Front-of-Package Warning Labels More Effective at Communicating Nutrition Information than Traffic-Light Labels? A Randomized Controlled Experiment in a Brazilian Sample. Nutrients. 10, 688; 25.


[*] La democracia se soporta en liderazgos colectivos. Las preguntas están dirigidas a los equipos programáticos de cada candidatura.

sábado, 12 de octubre de 2019

Veracidad expresiva y su relevancia en salud pública

Luis Fernando Gómez Gutiérrez

Octubre 2019

Extracto del libro “Democracia deliberativa y salud pública”, en el cual se aborda el concepto de veracidad expresiva y su relevancia en salud pública (Gómez, 2017 página 81).

“La veracidad expresiva se presenta cuando “la intención expresada por el hablante coincide realmente con lo que este piensa” (Habermas, 2002, I, p. 144). En este escenario es deseable que, tal como ya es tradición en muchos foros de control de tabaco, los participantes declaren sus conflictos de interés. La no declaración de ellos puede generar serias distorsiones en los procesos comunicativos y podría ser utilizada por las grandes corporaciones para influenciar las percepciones que tienen las personas acerca de un tema de salud. En otras palabras, sin veracidad expresiva la audiencia no puede saber si una o varias personas que se oponen a una política en el área de la salud publica lo hacen por convicción personal o porque reciben apoyo financiero de una corporación que se opone a la medida. Esta distorsión de los procesos comunicativos también se presenta cuando algunas sociedades científicas que reciben apoyo económico de la industria de alimentos ultraprocesados dan el aval a supuestos alimentos y bebidas saludables, situación que es utilizada por la industria como una estrategia para promocionar la idoneidad de sus productos (Nestle, 2013). Lo mismo se podría afirmar de las numerosas iniciativas de promoción de la actividad física que reciben apoyo de la industria de las bebidas azucaradas, como una estrategia para generar una percepción favorable ante la opinión pública y así disuadir a los órganos legislativos del Estado a formular normas que regulen a la industria (Gómez et al., 2011).”

Gómez LF. Democracia deliberativa y salud pública. Editorial Javeriana, 2017. https://www.researchgate.net/publication/329286014_Democracia_deliberativa_y_salud_publica

* La Editorial Javeriana me ha autorizado compartir extractos del libro.

sábado, 21 de septiembre de 2019

Poder arbitrario versus ciudadanía que se impone sus propias normas



Luis Fernando Gómez Gutiérrez

Septiembre 21 de 2019

Los sectores que se oponen a las acciones políticas para prevenir y controlar las enfermedades crónicas no transmisibles, con frecuencia soportan sus argumentos en dos rasgos propios del pensamiento liberal: a) la defensa a ultranza de las libertades negativas, entendidas como la ausencia de coerción por parte de la sociedad para impedir la acción de un individuo, y b) su tendencia a oponerse a visiones de bien de carácter colectivo (Gaus et al, 2018). En el área de la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, esta perspectiva se expresa en la oposición vehemente de la industria y de sus aliados, a cualquier medida que incremente los impuestos, restrinja la publicidad y promoción de productos nocivos para la salud, como el alcohol, tabaco y las bebidas y comestibles ultra-procesados. Estas acciones, que son las más efectivas en el área, son consideradas por estos actores como un atentado a las libertades individuales.

Cuando me refiero a los opositores a estas medidas incluyo, no solamente, a las industrias que elaboran estos productos sino, además, a funcionarios públicos de alto rango que comparten esta visión minimalista del papel del Estado, propia del liberalismo libertario (Lamont et al, 2017; Nozick, 1974).   

El pensamiento liberal acierta cuando se opone a la imposición de una visión de bien. En salud pública, podemos tener la tentación de recomendar e implementar acciones políticas, sin tener en cuenta la legitimidad social de las mismas. Bajo esta perspectiva, solo sería suficiente contar con la evidencia científica acerca de la eficacia y efectividad de las medidas propuestas[i]. Esta mirada prescriptiva de la salud pública es éticamente insostenible debido, entre otros aspectos, a que desconoce el derecho que tiene una comunidad política a formular sus propias leyes y políticas.

En una trampa similar caen los funcionarios públicos y los sectores de la industria que reducen el problema de las enfermedades crónicas no transmisibles, a decisiones individuales inadecuadas. Para ellos, el Estado es un Leviatán o un mal necesario, cuyas funciones se deben circunscribir a garantizar seguridad, proteger la propiedad y velar por la seguridad jurídica de los contratos entre agentes privados (Lamont et al, 2017; Nozick, 1974). Los que defienden esta perspectiva minimalista de Estado, tienden a eludir la relevancia de la libertad de expresión, que es quizá el valor más importante del pensamiento liberal; sin este, los movimientos sociales que abogaban por la prevención del consumo del tabaco, no hubieran podido generar el poder comunicativo para impulsar diversas acciones políticas dirigidas a regular esta industria (Sebrié et al, 2012).

Es necesario distinguir entonces, entre la coerción emanada de un poder arbitrario y la regulación propuesta por una comunidad política que se impone su propia ley a partir de un acuerdo razonado. La ciudadanía legitima y obliga, al reconocer el derecho que tiene cada persona a decidir con otros las normas que van a regir la vida comunitaria (Meyer & Hinchman, 2007). Bajo este abordaje propuesto por la democracia deliberativa, el temor de los liberales libertarios acerca de la intromisión indebida del Estado en asuntos relacionados con la salud humana está zanjada y no tiene pertinencia.

Referencias

Gaus, G., Courtland, S., Schmidtz, David. (2018). Liberalism. En: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Disponible en: https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/liberalism/

Lamont, J., Favor, C. (2017). Distributive Justice. En The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Disponible en: https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/justice-distributive/

Meyer, T., Hinchman L. (2007) The theory of social democracy. Cambridge: Polity Press.

Nozick, R. (1974) Anarchy, state and utopia. New York: Basic Books.

Sebrie, E. M., Schoj, V. Travers, M. J., McGaw, B. y Glantz, S. A. (2012). Smokefree
policies in Latin America and the Caribbean: Making progress. International Journal of Environmental Research and Public Health, 9(5), 1954-1970.




[i] La ciencia ha sido fundamental para la salud pública, pero no debe ser el único criterio para llevar a cabo acciones políticas en el área. El cientificismo es antidemocrático, debido a que desconoce la relevancia del conocimiento no científico y de las consideraciones éticas y morales acerca de cómo las personas desean vivir sus vidas.


viernes, 13 de septiembre de 2019

¿Libertad de expresión o una estrategia de Philip Morris para bloquear regulaciones que restrinjan el uso del cigarrillo electrónico?


Luis Fernando Gómez Gutiérrez

13 de septiembre de 2019

El pasado 12 de septiembre la Universidad de los Andes llevó a cabo un seminario titulado “Reducción del daño en tabaquismo”.  En las imágenes que se divulgaron del evento en twitter, aparecían los nombres de dos ejecutivas de Philip Morris. Varios profesores de esta universidad, me informaron que ellas fueron las únicas ponentes y que el encuentro fue cerrado.

Se puede colegir por el título del seminario que el tema central fue el cigarrillo electrónico, el cual ha encendido las alarmas en el área de la salud pública ante los demoledores reportes epidemiológicos del creciente número de casos de neumonitis en los Estados Unidos relacionados con su uso (1,2). Ante esta evidencia preliminar, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades recomiendan evitar su consumo (2). En términos políticos, esta evidencia plantea la necesidad de generar fuertes regulaciones a este sector de la industria.

El hecho de que una de las transnacionales del tabaco más grande del planeta tenga la oportunidad exponer sus argumentos “académicos”, acerca de cómo reducir el daño del mismo producto que elabora, genera todo tipo de suspicacias. Bajo esta estrategia comercial, que sin duda es muy exitosa económicamente, podríamos ver en el futuro a la compañía farmacéutica Perdue Pharma ofreciendo un medicamento para “reducir el daño” del consumo de opioides.

Por fortuna y, gracias a un oportuno trino de Johnattan Garcia, este evento fue conocido a nivel público y ha propiciado una intensa discusión entre académicos y personas interesadas en temas de salud pública. La mayoría de las personas que defienden su realización recurren a un argumento aparentemente incuestionable: las universidades deben acoger todas las posturas y garantizar la libertad de expresión. A este respecto Mill afirma en su libro “Sobre la libertad” que una de las mayores injusticias que puede cometer la sociedad y el Estado es prohibir la libertad de expresión, porque la mayoría considera que los argumentos son lesivos. Mill arguye que si la opinión que se censura es correcta, se priva a la sociedad de conocer la verdad y de beneficiarse de esta. Si la opinión es errónea, la verdad quedaría reducida a un dogma (3). Estoy de acuerdo con esta postura, lo que quizá los organizadores de este evento no entienden es que Mill se refiere a debates libres e igualitarios entre ciudadanos, no a la discusión restringida y sesgada con una transnacional cuyos productos generan un gran sufrimiento humano.

La libertad de expresión es una condición fundamental para que dos o más personas, tematicen acerca de un asunto relacionado con la salud humana y tengan la posibilidad de conectarse con un público más amplio que busca impulsar una acción legislativa o iniciativa política, dirigida a prevenir enfermedades y promocionar la salud. Para acercarnos a esta situación discursiva ideal, es necesario que los participantes en una deliberación razonada, expresen sus posturas de acuerdo a lo que realmente piensen (4) y no, en este caso, a lo que dicte Philip Morris. Si algo ha caracterizado a la industria del tabaco y algunos sectores industriales que han emulado sus estrategias, son las tácticas engañosas para desacreditar la evidencia científica e interferir los procesos de abogacía en salud pública, todo con el propósito de evitar la implementación de regulaciones que van en contra de sus intereses económicos (5,6).



Declaro no tener conflictos de intereses.
Entidades que han financiado proyectos de investigación y consultoría, en los cuales he participado: Bloomberg Philanthropies, UNICEF, IUHPE, OPS, IDRC, EMBARQ, Colciencias, Fundación Ciudad Humana, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Washington en Saint Louis, Ministerio de salud y protección social de Colombia, Secretaría de salud de Bogotá.


Referencias

1. Layden JE, Ghinai I, Pary I, Kimball A et al. Pulmonary illness related to E-Cigarette use in Illinois and Wisconsin – Preliminary report. N Engl J Med. 2019, 6.

2. Schier JG, Meiman JG, Layden J, Mikosz CA et al. Severe pulmonary disease associated with electronic-cigarette-product use – Interim guidance. MMWR. Morb Mortal Wkly Rep 2019;68:787-790. Disponible en: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6836e2.htm#suggestedcitation

3. Mill, JS. (2002) On liberty. New York: Dover publications, Inc.

4. Habermas, J. (2002). Teoría de la acción comunicativa. Racionalidad de la acción y racionalización social (vols. I y II). Mexico: Taurus.

5. McDaniel PA, Malone RE. Understanding Philip Morris´s pursuit of US goverment regulation of tobacco. Tobacco Control 2004;13(Suppl I):41-47.

6. Landman A, Glantz SA. Tobacco industry efforts to undermine policy-relevant research. Am J Public Health. 2009;99:45-58.


lunes, 5 de agosto de 2019

El desafortunado trino de deGrasse Tyson acerca de las muertes ocasionadas por tiroteos, ilustra las limitaciones de una visión estrecha del utilitarismo en el área de la salud pública





Luis Fernando Gómez Gutiérrez


El pasado 5 de agosto el científico Neil deGrasse Tyson trinó el siguiente mensaje:

“En las últimas 48 horas, los Estados Unidos perdió horriblemente a 34 personas por tiroteos masivos. En promedio, en 48 horas también perdemos:

500 (muertes) por errores médicos,   
300 por gripa
250 por suicidio
200 por accidentes de carro
40 por homicidios por armas de fuego

A menudo nuestras emociones responden más por el espectáculo que a los datos” 
(deGrasse Tyson. Trino emitido el 5 de agosto de 2019. Vínculo: https://twitter.com/neiltyson/status/1158074774297468928)

Este desafortunado mensaje ilustra las notorias limitaciones que tiene una visión estrecha del pensamiento utilitario en el área de la salud pública. Esta vertiente de la filosofía moral, plantea que las acciones humanas deben estar justificadas en función de la maximización de utilidades o beneficios (1).

Una mirada utilitarista irreflexiva, como la que parece tener el Doctor Neil deGrasse Tyson, justificaría la inacción del estado en asuntos concernientes a la violencia generada por las armas, bajo el argumento de que la sociedad debe invertir sus escasos recursos en otras acciones que salven más vidas.

Este tipo de posturas son criticadas incluso, por varios pensadores utilitarios. Mill propuso una teoría utilitaria que iba más allá de los beneficios inmediatos, al tener en cuenta las consecuencias a mediano y largo plazo (2). En este caso, la violencia le genera un enorme daño a la sociedad que no puede ser reducido al número de muertes.

Otros aspecto del pensamiento de Mill, que parece desconocer el Doctor deGrasse Tyson, es la necesidad de diferenciar cualitativamente los tipos de beneficios o padecimientos (2, 3). La muerte de una persona debida a la complicación de una gripa es desafortunada y debe ser evitada, pero una sola muerte por un tiroteo es una tragedia social. La información cuantitativa es fundamental para orientar las acciones de salud pública, pero no puede el único criterio. Los datos estadísticos deben entrelazarse con deliberaciones éticas y morales, de lo contrario caemos en la trampa de reducir los problemas a números.    

Ideas finales:

Desde mi perspectiva, la salud pública es un quehacer social de carácter pragmático que entrelaza argumentos utilitaristas y de corrientes filosóficas que defienden la ética del deber.     

Espero publicar en los próximos meses un libro sobre la influencia del pensamiento utilitario y liberal en la salud pública.

Referencias

1) Driver, J. (2014) The History of Utilitarianism. En: The Stanford Encyclopedia of Philosophy Recuperado de https://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/utilitarianism-history/

2) Mill, JS. (2001) Utilitarianism. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc.   

3) Smart, JJC., Williams, B. (1973) Utilitarianism for and against. New York: Cambridge University Press.


viernes, 2 de agosto de 2019

La salud pública, como disciplina y práctica social, es hija de la modernidad. Su nacimiento está vinculado con tres procesos básicos interdependientes...


"La salud pública, como disciplina y práctica social, es hija de la modernidad. Su nacimiento está vinculado con tres procesos básicos interdependientes: la conformación de un complejo aparato institucional propio de los Estados modernos; los descubrimientos y desarrollos científicos ocurridos desde el siglo xvii en las áreas de la biología, las matemáticas y la ingeniería civil; y el surgimiento de una esfera pública que comenzó a expresarse a través de diversos movimientos de la sociedad civil, que reivindicaban acciones políticas para mejorar las condiciones de vida" (Gómez, 2017)

(Página 11 del libro Democracia deliberativa y salud pública. Disponible en el siguiente vínculo: https://www.researchgate.net/publication/329286014_Democracia_deliberativa_y_salud_publica)

La Editorial Javeriana ha autorizado la divulgación del libro a través de la plataforma ReasearchGate

lunes, 22 de julio de 2019

El objetivo primario debe ser la promoción de alimentos reales y frescos, no la reformulación


Luis Fernando Gómez

En una reciente entrevista, el presidente ejecutivo de Nestlé en Chile, Leo Leiman, afirmó lo siguiente con respecto al etiquetado nutricional de advertencias implementado en 2016[*]: “La ley es algo interesante, innovador y ha sido exportado. No es algo malo”. El señor Leiman mencionó, además, que Nestlé tiene la intención de producir “hamburguesas vegetarianas” con quinua y otro tipo de productos “saludables”, reduciendo los contenidos de nutrientes críticos como la sal y los azúcares adicionados (1). El hecho de que un alto ejecutivo de una de las mayores corporaciones transnacionales de productos ultra-procesados en el mundo, se transforme en un aparente aliado de la salud pública genera muchas suspicacias acerca de sus verdaderas intenciones.  

Nestle u otras transnacionales pueden disminuir, por ejemplo, el contenido de azúcares adicionados en sus “cereales” para evitar la presencia de octágonos de advertencia, pero esto no significa que sus productos se tornen saludables. Más allá de los altos contenidos de azúcares, grasas saturadas y altas densidades calóricas, el consumo habitual de comestibles ultra – procesados tiene un efecto potencial en la ingesta calórica y ganancia de peso. Estos son los hallazgos principales de un estudio experimental, pionero en el área de la nutrición, el cual encontró que las personas que consumieron un patrón de dieta ultra - procesada durante dos semanas, tuvieron en promedio un exceso diario en la ingesta de 500 kilocalorías y una ganancia de 0,9 kilos en el tiempo de exposición, con respecto a las personas que consumieron un patrón de dieta basada en alimentos no procesados o mínimamente procesados (2). Además de este estudio, dos investigaciones recientes reportaron una relación entre un alto consumo de comestibles ultra-procesados y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte prematura (3,4). En otras palabras, la evidencia indica lo que ya sabíamos desde hace varias décadas en América Latina: la promoción de una alimentación saludable está basada en la producción y consumo de alimentos frescos y diversos.

No hay duda de que las medidas implementadas en Chile para reducir el consumo de los productos ultra-procesados más nocivos para la salud, son quizá una de las políticas en el área de la alimentación más destacadas en el mundo. Uno de los aspectos más novedosos y mejor concebidos en la legislación chilena, es la articulación entre sus cuatro componentes básicos: a) advertencias presentes en la parte frontal de los paquetes de comestibles, b) restricciones de publicidad dirigidas a la población infantil, c) regulaciones en los entornos alimentarios escolares y d) educación nutricional (5,6). Por ejemplo, si un producto tiene un octágono de advertencia, este no puede ser publicitado en la población infantil u ofertado en escuelas y colegios.

Me atrevo a identificar dos escenarios posibles a largo plazo con respecto a estas acciones políticas. En el primero, se daría una disminución del consumo de comestibles ultra-procesados y un incremento significativo de alimentos no procesados, como leguminosas, verduras y frutas. Es altamente probable, dada la evidencia científica actual, que este cambio de patrón de dieta generaría importantes beneficios en la salud poblacional (7). Este escenario requiere acciones políticas adicionales para incrementar la producción, oferta y promoción de alimentos no procesados en las poblaciones con la mayor vulnerabilidad social[†].

El segundo escenario estaría dado por el incremento de comestibles ultra-procesados reformulados, los cuales evitarían las regulaciones contempladas en la legislación chilena. Así, el consumo de "cereales" con exceso de azúcares adicionados sería reemplazado por otros productos de su mismo tipo con edulcorantes no calóricos. El contenido de aditivos, cuyos efectos potenciales en salud generan preocupación, no sería modificado. Para evitar la disminución de sus ventas, la industria recurriría a agresivas estrategias publicitarias en niños y adultos. Un estudio que evaluó el nivel de reformulación desde febrero de 2015 a febrero de 2016 (6 meses antes de la puesta en marcha de la legislación chilena), encontró una disminución de menos del 5% en los promedios de los nutrientes críticos (8); sin embargo, es importante aclarar que este y otros indicadores de porcentajes de exceso de nutrientes críticos de productos ofertados en el mercado no se corresponden, necesariamente, con el consumo. Es decir, el porcentaje de reformulación pudo haber sido bajo en el primer año, pero los pocos productos que evitaron las regulaciones, habrían tenido mayores volúmenes de venta y consumo en la población general. En este sentido, un reporte generado a partir de los datos de la industria de bebidas chilena, mostró una tendencia creciente en las ventas de bebidas “saludables” en el periodo comprendido entre 2011 y 2016 (9).

Un estudio cuasiexperimental publicado recientemente acerca del impacto que ha tenido la legislación chilena en los entornos alimentarios escolares, brinda algunas pistas adicionales acerca de los desafíos de la implementación de este tipo de intervenciones. La evaluación contempló mediciones antes y después en los quioscos o tiendas de 21 escuelas públicas de la ciudad de Santiago. La primera medición fue en diciembre de 2014 y la segunda en el mismo mes de 2016, seis meses después del inicio de la implementación de las regulaciones contempladas en la legislación. El estudio encontró que la disponibilidad de comestibles que tenían niveles excesivos de azúcares totales, grasas saturadas, sodio y densidad calórica, disminuyó de un 90,4% a 15% en el periodo de estudio[‡]. La mayor reducción en la oferta fue en los productos de panadería (38,5% a 4,7%). Llama la atención, sin embargo, que la oferta de bebidas – presumiblemente con edulcorantes no-calóricos- se incrementó significativamente (24,3% a 41,1%). La oferta de frutas y verduras pasó de un 0,8 a 3,5% (6). Los resultados de esta evaluación indican que las acciones políticas implementadas en Chile están teniendo un profundo impacto en la modificación de la oferta de comestibles ultra-procesados. En los próximos meses y años se contará con evidencia adicional, que permita conocer el efecto de la legislación chilena en la oferta y patrones de consumo de alimentos no procesados.

Si bien la reformulación no debe ser el objetivo principal de una agenda dirigida a promocionar una alimentación saludable, es importante destacar la necesidad de disminuir los contenidos de sal en los productos procesados y ultra-procesados. De acuerdo al Estudio de Carga Global de Enfermedad, el consumo excesivo de sal es uno de los principales factores de riesgo vinculados con carga de enfermedad en el mundo (10). Se estima que es posible reducir el consumo hasta en un 40% en productos de panadería y en un 70% en carnes procesadas, sin alterar de una manera significativa la aceptación de estos productos (11). Adicionalmente, la eliminación de las grasas trans industrializadas es una prioridad global, la cual tendría un efecto significativo en la reducción de la mortalidad cardiovascular (12).

¿Qué debemos plantear en Colombia a partir de la experiencia chilena? La implementación de un etiquetado de advertencias articulado con otras acciones políticas, como la restricción de la publicidad de comestibles ultra-procesados, la regulación de entornos alimentarios e impuestos saludables, debe ser una prioridad de salud pública en todos los países de la región. Sin embargo, estas iniciativas deben ser complementadas con acciones que incrementen la producción y oferta de alimentos no procesados. Debemos emprender, además, amplias deliberaciones sociales soportadas en estrategias de marketing social, dirigidas a tener un mayor respaldo ciudadano de asociaciones de madres y padres de familia, docentes, sectores campesinos y pequeños expendedores de frutas y verduras.

Referencias

1. González A. Presidente ejecutivo de Nestlé Chile y el etiquetado “La ley algo interesante, innovador y ha sido exportado. No es algo malo”. 2019. Disponible en: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=563708
2. Hall KD, Ayuketah A, Brychta R, Cai H, Cassimatis T, Chen KY, Chung ST, Costa E, Courville A, Darcey V, Fletcher LA et al. Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake. Cell Metabolism. 2019; 30, 1–11.
3. Nardocci MLeclerc BSLouzada MLMonteiro CABatal MMoubarac JC. Consumption of ultra-processed foods and obesity in Canada. Can J Public Health. 2019;110(1):4-14.
4. Mendonça RDLopes ACPimenta AMGea AMartinez-Gonzalez MABes-Rastrollo M. Ultra-Processed Food Consumption and the Incidence of Hypertension in a Mediterranean Cohort: The Seguimiento Universidad de Navarra Project. Am J Hypertens. 2017;30(4):358-366.
5. Corvalán C, Reyes M, Garmendia ML, Uauy R. Structural responses to the obesity and non-communicable diseases epidemic: Update on the Chilean law of food labelling ad advertising. Obesity Reviews 2018;1-8.
6. Massri C, Sutherland S, Kallestal C, Peña S. Impact of the food-labeling and advertising law banning competitive food and beverages in Chilean Public School, 2014-2016. Am J Public Health. Published online ahead of print.
7. Aune D, Giovannucci E, Boffetta P, Fadnes LT,  Keum N, Norat T, Greenwood DC, Riboli E, Vatten LJ, Tonstad. Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all cause mortality. A systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. International Journal of Epidemiology. 2017;1-28.
8. Kanter R, Reyes M, Vandevijvere S, Swinburn B, Corvalán C. Anticipatory effects of the implementation of the Chilean law of food labeling and advertising on food and beverage producto reformulation. Obesity Reviews 2018;1-12.
9. González S. Chilean demand for healthy food products continous grow. USDA Foreign Agriculture Sector. 2018. Disponible en: https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Chilean%20Demand%20for%20Healthy%20Food%20Products%20Continues%20to%20%20Grow_Santiago_Chile_2-26-2018.pdf
10. GBD 2017 Diet Collaborators. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2019;393:1958–72.   
11. Jaenke R, Barzi F, McMahon E, Webster J, Brimblecombe J. Consumer acceptance of reformulated food products: A systematic review and meta-analysis of salt-reduced foods. Crit Rev Food & Sci Nu tr. 2017;57(16):3357–3372.
12. Vandevijvere S, Vanderlee L. Effect of formulation, labelling, and taxation policies on the nutritional quality of the food supply. Current Nutrition Reports. 2019

Nota: Esta nota ha sido concebida a partir de las lecturas que incluyo en las referencias y de los múltiples debates con académicos y personas pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil. Deseo reconocer, especialmente, a Mercedes Mora y Rubén Orjuela.



[*] El sistema de etiquetado nutricional chileno utiliza octágonos negros para advertirle a las personas la existencia de niveles elevados de grasa saturada, sodio, azúcares totales y densidad de energía.
[†] Los procesos de transición nutricional documentados en América Latina en las últimas tres décadas, han mostrado que en el transcurso del tiempo, las prevalencias de sobrepeso y obesidad se incrementan significativamente en las personas de estrato socio-económico bajo y disminuyen en los sectores sociales más privilegiados.   
[‡] Este resultado fue calculado a partir de la aplicación de los puntos de corte contemplados en la primera fase de la ley chilena.