lunes, 25 de febrero de 2019

Movimientos sociales y surgimiento de la salud pública en la Provincia de Buenos Aires



En esta nota comparto varios párrafos del libro “Democracia deliberativa y salud pública”, en las cuales abordo el surgimiento de la salud pública en la Provincia de Buenos Aires (Gómez, 2017).
“Desde la década de 1870 comenzó a emerger, en lo que hoy es la Provincia de Buenos Aires, un poderoso sector agroindustrial que generaba sus actividades productivas, soportado en una extensa red ferroviaria y en una progresiva expansión de la capacidad comercial del puerto de la ciudad. Este crecimiento económico y comercial estuvo acompañado, a su vez, por una gran demanda de fuerza laboral, que propició un explosivo flujo migratorio de personas provenientes de España, Italia y otros países europeos. En este contexto, la Provincia de Buenos Aires pasó de tener aproximadamente 300 mil habitantes en 1869 a contar con dos millones en 1914[1]. El acelerado crecimiento urbano de la ciudad de Buenos Aires se dio a expensas de los barrios obreros y la expansión de la retícula urbana comenzó a absorber a pequeños poblados, ubicados previamente en las áreas periféricas. En estas circunstancias y dadas las limitaciones de la respuesta estatal, la ciudad comenzó a tener serios desafíos sanitarios. Por una parte, los pantanos circunvecinos se tapaban con basuras y generaban olores ofensivos y una gran proliferación de mosquitos. Se comenzaron a observar adicionalmente, asentamientos con altos niveles de hacinamiento crítico y serios déficits sanitarios relacionados con una pobre disponibilidad de agua potable y disposición de excretas, condiciones que permitieron la aparición de diversas enfermedades infecciosas.
En este contexto, el gremio médico adquirió una creciente influencia social, soportada en los nuevos descubrimientos y avances en microbiología médica por parte de Pasteur y Koch, así como en los desarrollos de la ingeniaría sanitaria. Esta circunstancia explica la alta motivación del gremio médico para abogar por medidas sanitarias que contribuyeran a la “civilización y el progreso”. Y para que tales acciones fueran efectivas, el sector médico propugnaba como necesario centralizar las decisiones sanitarias para garantizar que tuvieran un carácter “técnico”. Estos esfuerzos se basaban en la convicción de que el cuerpo médico sanitario constituía un “núcleo profesional en condiciones de irradiar su talante activo e innovador, no solo al resto del gremio médico, sino al conjunto de la sociedad” (González, 2005).
Otro aspecto importante, relacionado con en el surgimiento de la esfera pública y sociedad civil en la Argentina, fueron las sociedades de socorro mutuo o mutuales, las cuales han jugado un papel destacado en la vida comunitaria y social (Pérgola, 2010). Estas agremiaciones se remontan al Virreinato del Río de la Plata, pero solo comienzan a tener reconocimiento legal en el año 1812, a través una norma que “facultaba a los colonos para formar comisiones con el objeto de atender las necesidades de los huérfanos y las viudas, velar por la educación de los niños cuyos padres habían muerto y custodiar intereses materiales de los que estuvieron bajo su tutoría” (Pérgola, 2010). Las décadas subsiguientes fueron testigo del fortalecimiento de estas asociaciones, debido en parte a que un buen número de inmigrantes había estado involucrado en movimientos obreros en sus países de origen, lo cual permitió impulsar el crecimiento y la influencia de las sociedades de socorro mutuo previamente conformadas y sindicatos como el de la Unión Tipográfica (Cornblit, 1969). Un buen ejemplo de la capacidad de estas asociaciones para dar una respuesta solidaria a sus problemas de salud fue la Societá Italiana di Unione e Benevolenza, fundada en 1858, con base en la cual, gracias a la iniciativa de sus miembros, se construiría posteriormente el Hospital Italiano, con el apoyo de la Societá Nazionale Italiana (Pérgola, 2010).
En 1857 se crea la Sociedad Tipográfica Bonaerense como asociación obrera de carácter mutual que en 1877 se transforma en la Unión Tipográfica Bonaerense, considerada como la primera estructura sindical moderna en la Argentina y una de las primeras en América Latina. Un año después de su conformación, esta organización llevó a cabo una huelga en la cual se reclamaban mejorías en las condiciones salariales de la clase trabajadora, reducción de la jornada laboral a 12 horas y prohibición de contratar población infantil menor de 12 años. Estas reivindicaciones fueron aceptadas por los empresarios, si bien al poco tiempo las condiciones laborales previas se reestablecieron y el sindicato desapareció (cedpre, 2010). No obstante, los resultados de esta experiencia permitieron crear otras organizaciones de carácter sindical, entre ellas el Sindicato de Comercio (1881), la Unión Obrera de Sastres, la Sociedad Obrera de Albañiles (1882) y La Fraternidad (1887), esta última conformada por trabajadores ferroviarios. En sus inicios, la mayoría de estas agremiaciones sindicales, excepto La Fraternidad, tenían estructuras organizacionales débiles y carácter transitorio. A pesar de estas circunstancias, en las últimas dos décadas del siglo XIX se conformaron más de cincuenta sindicatos y se incrementó el número de huelgas y protestas (cedpre, 2010).
En este contexto, uno de los levantamientos sociales más importantes ocurridos en la ciudad de Buenos Aires fue la Huelga de los Conventillos. Los inquilinatos, que en esta ciudad se denominaban conventillos, ejemplifican las condiciones de vida a las que estaba sujeta la mayoría de la clase trabajadora de origen migrante, en edificaciones de estilo colonial con dos o tres patios interiores, en donde las familias preparaban alimentos, lavaban la ropa, reparaban utensilios domésticos y llevaban a cabo diversas actividades comunitarias (Meik, 2011). Ya desde el año 1871, el diario La Prensa denunciaba que estas unidades habitacionales eran construidas con materiales de muy bajo costo y que por ellas se cobraban altos alquileres, con el propósito de recuperar la inversión en menos de tres años (Ramos, 1999). La precariedad de las condiciones sanitarias de estos sitios se reflejaba en la escasez de letrinas para la disposición de las excretas, pues en promedio había una por cada 50 o más personas. Adicionalmente, los residentes de los conventillos vivían en hacinamiento extremo, al punto que en cada habitación se alojaban en promedio entre 3,4 y 4,2 personas. Los sitios eran descritos por las mismas autoridades sanitarias como estrechos, húmedos y con una deficiente circulación del aire (Meik, 2011). Un cronista de la época se refería a los conventillos en estos términos: “A menudo entre 20 y 70 personas cuentan con una sola letrina para atender sus necesidades y las emanaciones amoniacales que se desprenden en su interior hacen experimentar malestar y lagrimeo a los que penetran en ellas” (Cano, s.f.). Se estima que la ciudad de Buenos Aires, en 1880, existían 1.770 conventillos con 24.023 habitaciones, en donde residían 51.915 personas (Meik, 2011), y que para 1905 había 2.297 conventillos que albergaban alrededor de 229.000 personas, que representaban el 14% de la población de la ciudad (Ramos, 1999).
El levantamiento social de los residentes de los conventillos se dio en 1907 y en él participaron aproximadamente 129.000 residentes (Ramos, 1999). El primer conventillo que se negó a pagar los alquileres fue el de Los cuatro Diques, ubicado en el barrio San Telmo (Cano, s.f.). Este levantamiento se extendió rápidamente a otros conventillos de la ciudad, pero la represión del gobierno fue tan severa que cuatro meses después de iniciado el movimiento había perdido intensidad. Esta situación se explica en parte por las deportaciones de trabajadores de extranjeros que lideraban estos movimientos sociales. En algunos conventillos se aceptaron las demandas de los residentes, sin embargo, al finalizar ese mismo año, muchos arrendatarios volvieron a subir los alquileres (Cano, 2015).

Respuesta social ante el cólera, la fiebre amarilla y la tuberculosis
En un escenario de crecimiento acelerado de las actividades comerciales porteñas y de la población, se presentó el brote epidémico de cólera de los años 1867 y 1868, el cual generó un total de 6.653 muertes. La visibilidad pública que entonces tuvo el cólera fue mayúscula y se reflejaba en el pánico colectivo que producía la enfermedad antes del advenimiento de tratamientos médicos efectivos. El diario La Nación propagaba las noticias acerca de la epidemia en los siguientes términos: “No somos alarmistas, pero señalamos a la Boca como un foco de infección que es menester destruir a todo trance […]. La Boca no tiene desagües y su población se ingurgita sus propios desperdicios” (citado por Álvarez, 2012). De igual manera, el diario La Prensa denunciaba la falta de acciones institucionales para controlar la diseminación de la enfermedad y abogaba por acciones sanitarias que eliminaran las cloacas y mejoraran la disponibilidad de agua potable.
Como respuesta a las denuncias públicas, las autoridades construyeron 20 kilómetros de caños para el suministro de agua, que se potabilizaba mediante el uso de filtros. Además de estas obras de infraestructura, se impuso el aislamiento como medida sanitaria, ante la posibilidad de futuras epidemias (Álvarez, 2012; Veronelli y Veronelli, 2004). Se dieron intensos debates en los círculos médicos que muy posiblemente permearon a la opinión pública, acerca de la manera como debía enfrentarse la enfermedad. Por una parte, persistía la idea en un sector médico de que ella era debida a la presencia de miasmas, cuya presencia era favorecida por las condiciones atmosféricas del puerto, mientras, por otra, un sector acogía la postura teórica recientemente formulada por John Snow en Londres, que explicaba la aparición del cólera como consecuencia del contagio directo con otras personas enfermas. Así, a partir de los brotes epidémicos de cólera, se crearon dos instituciones sanitarias: el Consejo de Higiene (1869) y la Junta Nacional de Sanidad, entidad que generó varias disposiciones sanitarias para evitar el ingreso de enfermedades transmisibles provenientes del tráfico marítimo (Álvarez, 2012).
A pesar de estas acciones públicas, la epidemia de cólera que asoló a Buenos Aires y a otras ciudades argentinas en los años 1886 y 1887 generó una enorme presión por parte de diferentes sectores de la naciente sociedad civil bonaerense para que la institucionalidad sanitaria mejorara aún más su capacidad de respuesta (González, 2005). Particularmente, ciertos sectores sociales eran muy críticos de los salarios relativamente altos que recibían los médicos que trabajaban en las instituciones sanitarias, lo cual contrastaba con la pobre efectividad de sus acciones. Adicionalmente, eran evidentes los conflictos entre la tecnocracia médica y los inspectores sanitarios que habían surgido de estas reformas institucionales. La primera abogaba por una relación vertical y jerárquica entre el cuerpo médico y los inspectores, idea que entraba en conflicto con los intereses de diversos sectores políticos, que veían posibilidades de influenciar sus clientelas políticas a través del nombramiento de estos cargos (González, 2005).
Otro caso que ejemplifica el papel de la esfera pública y la sociedad civil en la conformación de la institucionalidad de la salud pública en Buenos Aires es el de la epidemia de fiebre amarilla que asoló a esta ciudad en 1871 (Meik, 2011). Cuando se presentaron los primeros casos de esta enfermedad, la prensa escrita comenzó a realizar un llamado público para la creación de una comisión popular que ayudara a enfrentar el problema. Esta situación permitió que los médicos higienistas ganaran legitimidad como defensores de la salud pública y consolidaran su autoridad para intervenir en espacios públicos y privados (Meik, 2011). Muchos asuntos relacionados con la salud pública en Buenos Aires se comenzaron a divulgar en la Revista Farmacéutica y, posteriormente, en la Revista Médico Quirúrgica. Estas dos publicaciones y la prensa general le hicieron un seguimiento a la respuesta institucional al brote epidémico de fiebre amarilla de los años 1871. Surgió incluso un Boletín de la Epidemia, que solo tuvo circulación durante el brote. Como no se tenía conocimiento acerca del origen de esta enfermedad, en este contexto, la prensa escrita pregonaba que esta se debía a la falta de controles higiénicos para atenuar el impacto de los vientos e influencias miasmáticas provenientes del Riachuelo y de los conventillos (Meik, 2011).
La aparición de la fiebre amarilla dio pie para que algunos periodistas de La Prensa plantearan la necesidad de involucrar a delegados barriales –incluyendo a extranjeros– en las decisiones municipales relacionadas con el control de la epidemia. Adicionalmente, La Prensa impulsó una manifestación popular ante la falta de respuesta efectiva de las instituciones públicas e hizo un llamado a los porteños a que generarán propuestas dirigidas a controlar la epidemia en la ciudad. En la fecha programada, aproximadamente 9.000 personas se manifestaron en la plaza central de la ciudad, exigiendo que se conformara una Comisión Popular (Meik, 2011).
Algunos autores, como Meik, plantean que esta epidemia impulsó el movimiento sanitario en Argentina, que en esencia fue resultado de la opinión pública, y que la prensa escrita jugó un papel en la formación de la esfera pública en Buenos Aires y se posicionó como defensora del bienestar social de un sector importante de la ciudadanía. La prensa escrita visibilizó con especial interés las precarias condiciones higiénicas y dio eco a las críticas públicas por la inadecuada respuesta gubernamental a la epidemia.
Una vez finalizado el brote epidémico de fiebre amarilla, la prensa abogó por la construcción de obras sanitarias que le permitieran a la ciudad estar preparada ante otras posibles epidemias (Meik, 2011), como la de tuberculosis que asoló a la ciudad de Buenos Aires. Esta enfermedad brinda la posibilidad de entender el surgimiento de la institucionalidad de la salud pública y su interacción con una naciente esfera pública, pues entre 1878 y 1889 su tasa de incidencia llegó a los 300 casos por 100.000 habitantes, cifra que solo descendió por debajo de 170 a partir del año 1933 (Armus, 2007).
Según muestra Armus (2007), a causa de esta enfermedad se generaron procesos de medicalización relacionados con el incremento del poder del gremio médico y de la intromisión del Estado en la esfera privada, al tiempo que la tuberculosis comienza a ser objeto de preocupación y análisis de la prensa escrita desde 1870, que la vinculaba con asuntos sociales y políticos que iban más allá de aspectos biomédicos. Y es a partir de este caso que Armus plantea que
La historia de la salud pública tiende a enfocarse en el poder, la política, el Estado y la profesión médica. En gran medida es una historia donde la medicina pública suele aparecer en clave progresista –intentando ofrecer soluciones eficaces en la lucha contra las enfermedades del mundo moderno– y donde las relaciones entre las instituciones de salud y las estructuras económicas, sociales y políticas están en el centro de la narrativa.

Bajo esta mirada, la tuberculosis fue asumida a finales del siglo XIX como un problema que reflejaba la degeneración social y la decadencia material, en una ciudad que estaba creciendo de manera acelerada y caótica, situación que brindaba, a su vez, la posibilidad de generar acciones colectivas por parte del Estado. Por ello, Armus plantea que en la sociedad bonaerense surgió un género narrativo utópico que imaginaba y modelaba escenarios futuros para la ciudad, en los cuales los ideales higienistas y el control de la tuberculosis estaban claramente presentes. Entre los autores de este género se destaca Emilio Coni, figura fundacional de la salud pública en la Argentina, quien publica en 1919 su ensayo: La ciudad argentina ideal o del porvenir. En este escrito, como muestra Armus, Coni imaginaba una ciudad con una fuerte institucionalidad sanitaria que permitiera prevenir y controlar enfermedades como la tuberculosis y así regenerar y fortalecer la “raza”. Coni visionaba una ciudad sin conventillos, con barrios en donde “la contaminación física y moral en las viviendas de los trabajadores era un dato del pasado y la profilaxis de las enfermedades contagiosas había alcanzado su apogeo” (citado por Armus, 2007). Como se ve, estas miradas están vinculadas al moralismo utilitarista de Chadwick y a las ideas eugenésicas que surgieron en el siglo XIX después de Darwin.
Armus plantea que los movimientos sociales que surgían en las primeras décadas del siglo XX discutían acerca de temas de higiene pública, pero los planteaban de una manera general, vinculándolas con diversas manifestaciones de injusticia social, entre ellas, las largas jornadas de trabajo. Armus documenta que, en el contexto de las iniciativas de control y prevención de la tuberculosis, una proporción del gremio médico comenzó a tener un papel dual, burocrático y civil, por ser sus miembros funcionarios de entidades públicas y, a la vez, de organizaciones de la sociedad civil. En 1901 se crea la Liga Argentina contra la Tuberculosis, la cual ganó protagonismo especial en 1935 con la primera Cruzada Nacional contra la enfermedad, que aglutinaba intereses de diversos grupos sociales y políticos y se financiaba con los aportes de los socios y subvenciones del Estado (González, 2005).
Los casos expuestos ilustran como la institucionalidad de la salud pública del Estado argentino emerge y se fortalece a partir de sectores profesionales de la clase media, movimientos obreros y prensa escrita (González, 2005). Fue notoria la articulación entre el Estado argentino y las agremiaciones médicas, en la concepción de iniciativas públicas en las áreas de la atención en salud y control sanitario.”

Gómez LF. Democracia deliberativa y salud pública. Editorial Javeriana, 2017. https://www.jstor.org/stable/j.ctv86dg7w

* La Editorial Javeriana me ha autorizado compartir algunos extractos del libro.  

Referencias

Álvarez Cardoso, A. C. (2012), La aparición del cólera en Buenos Aires (Argentina), 1865-1996. Revista de Historia Regional y Local, 4(8), 174-207.
Armus, D. (2007). La ciudad impura: Salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires 1870-1950. Buenos Aires: Edhasa.
Cano, N. (s.f.). A 100 años de la huelga de los inquilinos de 1907. Vigencia de una causa y aprendizaje para la lucha. (s.l.) Disponible en: http://www.pts.org.ar/IMG/pdf/a_100_anos_de_la_huelga_de_inquilinos.pdf (consultado 20-8-2015).
cedpre - Centro de Estudio para el Desarrollo de Políticas Regionales (2010). Manual de historia del movimiento obrero argentino. Bahía Blanca. Disponible en http://www.trabajo.gob.ar/downloads/formacionSindical/Manual%20de%20Historia.pdf
Cornblit, O. (1969). Inmigrantes y empresarios en la política argentina. En T. di TellaT. Halperín Donghi (eds.), Los fragmentos del poder. Serie Los argentinos 9. Buenos Aires: Jorge Álvarez.
González Leandri, R. (2005). Madurez y poder. Médicos e instituciones sanitarias en la Argentina a finales del siglo XIX. Entrepasados, 14(27), 133-150.
Meik, Kindon T. (2011). Disease and hygiene in the construction of a nation: The public sphere, public space, and the private domain in Buenos Aires, 1871-1910. Florida International University. Electronic Theses and Dissertations. Paper 547. http://digitalcommons.fiu.edu/etd/547
Pérgola, F. (2010). Inicios del mutualismo en la Argentina. Revista Argentina de Salud Pública, 1(4), 45-46.
Ramos, J. (1999). Arquitectura del habitar popular en Buenos Aires: el conventillo. Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, No. 101. Disponible en http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0101.pdf (consultado 25-10-2015).

Veronelli, J. C. y M. Veronelli Correch (2004). Los orígenes institucionales de la salud pública en la Argentina (vol.
II). Buenos Aires: OMS/OPS.



[1] Provincia de Buenos Aires. La población de la Provincia de Buenos Aires. Pautas de su evolución. Disponible en http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/censo/revis1.htm (consultado el 21 de octubre de 2015).

domingo, 17 de febrero de 2019

Sociedad del riesgo global y salud


Luis Fernando Gómez Gutiérrez

En esta breve nota comparto algunos párrafos del libro “Democracia deliberativa y salud pública” (Gómez, 2017), acerca de la teoría de la sociedad del riesgo de Ulrich Beck (Beck, 1998; Beck, 2009).
“Ulrich Beck (1998) platea que el mundo ha sido siempre catastrófico. En la premodernidad los culpables eran la naturaleza y las divinidades, pero se produjo el gran cambio en la modernidad y los hombres comenzaron a ser los responsables de casi todas las posibles catástrofes. Desde la segunda mitad del siglo XX fue cada vez más notorio que el “progreso” técnico y económico derivado de la industrialización comenzaba a ser eclipsado por la generación creciente de riesgos, con impactos significativos en los ecosistemas y en la salud humana. Los riesgos ya no están confinados a lugares específicos, sino que, por el contrario, adquieren una escala global. En este sentido, Beck plantea que “en la modernidad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por la producción social de riesgos” (Beck, 1998).
Por otra parte, en la modernidad se institucionaliza la ciencia como un pilar fundamental, atado al desarrollo industrial y tecnológico. En un primer momento, la ciencia queda protegida de la duda metódica que la caracteriza en el estrecho círculo de la comunidad científica. Sin embargo, la modernidad reflexiva hace que el trabajo científico salga de su cascarón y comience a ser objeto de cuestionamientos por parte de las sociedades humanas, quienes, paradójicamente, dependen más de ella (Beck, 1998).
Beck concibe el riesgo como escenificación de las catástrofes, pero esto no quiere decir que tengamos certeza de lo que ocurrirá en el futuro. Sin embargo, la percepción creciente de los riesgos globales y la anticipación de las catástrofes generan circunstancias favorables para llegar a consensos sociales y plantear acciones para evitarlas. En este sentido, Beck  diferencia los conceptos de temor y miedo. El temor está vinculado con la manera en que las personas reaccionan ante amenazas directas e inmediatas. En el área de la salud correspondería, por ejemplo, a la susceptibilidad percibida que tengan las personas con respecto al contagio de enfermedades infecciosas que tienen periodos de incubación cortos. El temor está más relacionado con intereses personales o de índole comunitaria (Beck, 2009).
Por el contrario, el miedo no está vinculado a una amenaza física inminente, sino que en este se anticipa el peligro a largo plazo a un grupo o a toda la humanidad, lo cual denomina Beck miedo global. En este caso, no está presente una amenaza directa a la propia existencia, sino una preocupación por el futuro de la especie. Esta es una situación que brinda la posibilidad de generar discusiones éticas y morales que pueden derivar en acciones políticas globales a muy largo plazo. Si bien en las deliberaciones sociales y el discurso político el temor y el miedo se entrelazan estrechamente, su distinción permite destacar la relevancia de conectar acciones locales y globales en el área de la salud pública (Beck, 2009).
Los riesgos globales, como el cambio climático global y sus efectos negativos para la salud humana, no pueden ser enfrentados por una comunidad o en las fronteras de los Estados modernos ni en escalas temporales vinculadas con la percepción de riesgos inmediatos. Surge una preocupación creciente por sucesos que podrían experimentar los descendientes de esta generación. Así mismo, las circunstancias sociales de las personas que viven a miles de kilómetros comienzan a importarnos, debido a las nuevas dependencias generadas por los crecientes riesgos globales. En este sentido. Beck afirma que el “otro global” está con nosotros, aunque no lo queramos y aunque se transforme en competidor de nuestros empleos. Necesariamente, debemos acordar acciones con ese otro global, si queremos enfrentar los riesgos globales (Beck, 2009).
Las consecuencias inmediatas y a largo plazo de los riesgos globales abren la posibilidad de que las sociedades logren consensos para enfrentar estos desafíos por fuera de los territorios de los Estados. Esto, paradójicamente, motiva a algunos gobiernos y a sus sociedades a generar nuevas barreras. Sin embargo, el riesgo crece a medida que intentamos responder siempre con solo respuestas de este tipo. Beck plantea que esto genera una situación contradictoria, ya que se construyen nuevas barreras y se insiste en que lo podemos resolver solos sin recurrir al otro global, al tiempo que crece simultáneamente la idea de que necesitamos nuevas formas de fusión social y de prácticas sociales por parte de toda la humanidad, para dar respuesta a estos desafíos (Beck, 2009).“

Referencias
Beck, U. (1998). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.
Beck, U. (2009). World at risk. Cambridge: Polity Press.
Gómez LF. Democracia deliberativa y salud pública. Editorial Javeriana, 2017. https://www.jstor.org/stable/j.ctv86dg7w

sábado, 9 de febrero de 2019

Liberalización del comercio internacional e industria transnacional del tabaco



Luis Fernando Gómez Gutiérrez

En esta breve nota comparto algunos párrafos de uno de los capítulos del libro “Democracia deliberativa y salud pública”, en las cuales abordo la amenaza que representa la industria tabacalera transnacional (Gómez, 2017).
“La liberalización del comercio internacional de los productos derivados del tabaco ha generado un crecimiento significativo de su consumo en países de bajos y medianos ingresos. De acuerdo con el Banco Mundial, la producción de cigarrillo en estos grupos de países se ha incrementado entre 40% y 70% en las últimas décadas (Labonté, Mohindra y Lencucha, 2011b). Esta situación se explica por la disminución en los precios del tabaco en un contexto de amplia competencia comercial y la privatización de monopolios estatales que lo producían (MacKenzie y Collin, 2012). El caso paradigmático que ilustra esta situación fue la manera como aquellos países de la ex Unión Soviética que recibieron inversión extranjera por parte de la industria tabacalera presentaron un incremento del consumo de tabaco de 51%; por el contrario, los países que no la recibieron tuvieron un descenso del 3% (Labonté et al., 2011a/b). Así mismo, Corea del Sur registró un incremento significativo en el consumo de cigarrillos, un año después de que este país abriera su mercado a los productos de tabaco importados desde Estados Unidos (Labonté et al., 2011b).
Si bien China National Tobacco Corporation es el mayor productor de tabaco en el mundo, la mayoría de la producción fuera de China está concentrada en unas pocas compañías: Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco y Japan Tobacco International. Esta realidad hace que las estrategias de márquetin que han sido exitosas en un país comienzan a ser implementadas rápidamente en otros. Adicionalmente, el carácter global de estas grandes corporaciones multinacionales les permite tener una enorme injerencia en las decisiones de la OMC (Organización Mundial del Comercio) y llevar a cabo estrategias agresivas de márquetin y publicidad, que no siempre están bajo el control de los Estados (Samet, 2012).
En el contexto de América Latina, Labonté et al. (2011b) señalan que la liberalización económica permitió que la British American Tobacco comenzara a controlar el 50% de las ventas de cigarrillos en la región y Philip Morris dominara la totalidad del mercado de productos derivados del tabaco en República Dominicana, situación que se debe, en parte, a la adquisición de la industria tabacalera local, lo cual le ha permitido llevar a cabo un agresivo márquetin. El beneficio para esta última corporación es aún mayor, debido a que ha expandido la comercialización de sus productos a Centro América en el contexto del Central American Free Trade Agreement (dr-cafta). Esta misma situación se ha observado en la Argentina, en donde, para el año 2011, el 90% del mercado de tabaco estaba controlado por la Philip Morris y BAT. Esta expansión regional ha estado acompañada de iniciativas agresivas para incrementar la participación económica de la agroindustria del tabaco. Así, países como Honduras, Guatemala, Uruguay y Haití tuvieron un incremento en más de 100% en las hectáreas dedicadas al cultivo de tabaco, en el periodo 1970-2000. Si bien, algunos cultivadores y productores pudieron haberse beneficiado con esta situación, es claro que los resultados sociales y de salud han sido muy negativos, por las implicaciones potenciales que tienen estas políticas en la seguridad alimentaria y en la salud poblacional. Adicionalmente, se ha observado que en países de bajos ingresos se recurre al trabajo infantil, con consecuencias negativas en la vulneración de derechos en este grupo poblacional (Labonté et al., 2011b).
Para entender adecuadamente estos procesos, resulta ilustrativo mencionar algunos antecedentes históricos de la manera como la industria transnacional del tabaco ha planteado globalmente su estrategia. En el año 1977, siete corporaciones de tabaco crearon el denominado International Committee on Smoking Issues (icosi), con el propósito de enfrentar las diferentes iniciativas nacionales antitabaco. Esta entidad cambió posteriormente su nombre por el de infotab (International Tobacco Information Center), que contaba para 1984 con 69 miembros que operaban en 57 países. infotab generó material informativo y pronunciamientos oficiales para orientar a sus miembros acerca de la manera de generar contextos favorables para la industria de tabaco. En 1992, esta entidad fue dividida en dos organizaciones: The Tobacco Documentation Centre and Agro-Tobacco Services (hoy Hallmark Marketing Services). La primera siguió con las mismas tareas que tenía infotab, la segunda se especializó en apoyar a los cultivadores de tabaco, enfatizando la importancia que tendría este sector en la economía de países de bajos y medianos ingresos. La escala global de esta industria ilustra cómo los intereses corporativos transnacionales amenazan iniciativas globales que fortalecen la salud pública en cada uno de los países. La red creada por infotab permanece activa (McDaniel, Intinarelli y Malone, 2008).
Complementaria a esta iniciativa, la industria tabacalera transnacional conformó en la década de 1980 la denominada United States Cigarette Export Association (uscea) con el liderazgo de Philip Morris. En los años subsiguientes, la uscea llevó a cabo un intenso y efectivo cabildeo ante el gobierno de Estados Unidos con el propósito de que este presionara a diferentes países para que se eliminaran barreras arancelarias y publicitarias de sus productos. Estos esfuerzos se ven recompensados con un incremento exponencial de las exportaciones de tabaco desde los Estado Unidos (MacKenzie y Collin, 2012). En este contexto, Clayton Yeutter, representante de Comercio de los Estados Unidos, afirmaba textualmente en 1989:
“Cuando una nación viola sus obligaciones comerciales internacionales, mediante la restricción de las importaciones de tabaco, al tiempo que permite la venta de tabaco nacional, incurre en una discriminación contra los productos de Estados Unidos. Tenemos una obligación establecida en la ley para atacar este tipo de discriminación, y tenemos la intención de hacerlo sin importar el producto” (citado por MacKenzie y Collin, 2012).

Para cumplir este propósito, Estados Unidos siempre han intentado impulsar los acuerdos comerciales relacionados con productos de tabaco de manera bilateral con cada país, para evitar el escrutinio y el control de organizaciones gobernadas por el derecho público internacional (MacKenzie y Collin, 2012). A mi juicio, esta situación es una amenaza para la salud pública, debido a que les permite a las grandes corporaciones tabacaleras ejercer presión legal para incrementar la comercialización de sus productos, situación que ha sido documentada en Singapur y Tailandia por MacKenzie y Collin.
De igual manera, Zeigler (2006) documenta que el acuerdo trips le ha permitido a la industria tabacalera y del alcohol obstaculizar políticas nacionales de salud pública en el área. La industria tabacalera ha reclamado sus derechos de propiedad intelectual para obstaculizar medidas regulatorias en Brasil, Tailandia y Canadá dirigidas a generar etiquetados en los paquetes de cigarrillo que no incluyan logos o diseños vinculados con las marcas. Así mismo, la industria argumenta que Tailandia y otros países han intentado violar estos derechos, al exigirles la lista de los ingredientes que contienen sus productos. Como se mencionó, los tratados comerciales son discutidos entre los representantes de los gobiernos, en escenarios donde no se permite la presencia del público o de periodistas y, por el contrario, los representantes de la industria transnacional del tabaco tienen la posibilidad de formular sus posiciones, sin que estén presentantes funcionarios de las autoridades sanitarias (Zeigler 2006).
Es claro, a partir de lo anterior, que los acuerdos comerciales internacionales amenazan la existencia de políticas antitabaco y restringen la posibilidad de nuevos controles. En muchas ocasiones, estos acuerdos comerciales son un poderoso mecanismo que utiliza la industria para hacer prevalecer sus intereses, sin ningún tipo de escrutinio público (Shaffer et al., 2005). Adicionalmente, son tratados que vinculan legalmente a los gobiernos, pero no a la industria. Debido a la naturaleza y propósitos de estos acuerdos comerciales, las regulaciones dirigidas a restringir el márquetin de productos que afectan negativamente la salud de las personas tienen poca posibilidad de ser implementadas, si no existe una sociedad civil suficientemente empoderada e institucionalizada (Zeigler, 2006).
Los tomadores de decisión y los actores que abogan por el derecho a la salud deben ser conscientes de que estas asociaciones que reclaman intereses nacionales o regionales, hacen parte de los esfuerzos coordinados de una confederación de compañías tabacaleras transnacionales que buscan proteger sus intereses económicos y minar los esfuerzos de acciones que se plantean desde la salud pública (McDaniel et al., 2008).”

* La Editorial Javeriana me ha autorizado compartir algunos extractos del libro.  

Referencias
Gómez LF. Democracia deliberativa y salud pública. Editorial Javeriana, 2017. https://www.jstor.org/stable/j.ctv86dg7w



domingo, 3 de febrero de 2019

Democracia deliberativa y salud pública


"La salud pública, como disciplina y práctica social, es hija de la modernidad. Su nacimiento está vinculado con tres procesos básicos interdependientes: la conformación de un complejo aparato institucional propio de los Estados modernos; los descubrimientos y desarrollos científicos ocurridos desde el siglo XVII en las áreas de la biología, las matemáticas y la ingeniería civil; y el surgimiento de una esfera pública que comenzó a expresarse a través de diversos movimientos de la sociedad civil, que reivindicaban acciones políticas para mejorar las condiciones de vida. Una mirada funcionalista asume que el surgimiento y despliegue de la salud pública ha..." (Gómez LF, 2017) Disponible en: 

https://www.jstor.org/stable/j.ctv86dg7w

sábado, 2 de febrero de 2019

Las contradicciones del artículo “Alimentación en el antropoceno” publicado en Lancet, con respecto al consumo de carnes rojas


Luis Fernando Gómez Gutiérrez

El pasado 16 de enero la revista Lancet publicó un extenso artículo acerca de los desafíos de promocionar, simultáneamente, una alimentación saludable y sistemas alimentarios sostenibles. Su título en español sería: “Alimentación en el antropoceno: la comisión EAT Lancet acerca de dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles”. El grupo de autores que comisionó Lancet para elaborar este documento, estuvo conformado por reconocidos académicos de las áreas de nutrición y salud pública (1). Los medios de comunicación han dado un amplio despliegue a las principales conclusiones de este trabajo, lo cual ha permitido propiciar un debate global, acerca de un asunto estrechamente vinculado con el futuro de la especie humana.

En esta breve nota realizo un resumen de lo que considero, son los principales aspectos de este documento, enfatizando las posturas de los autores con respecto al consumo de carnes rojas. Esta nota es solo un análisis preliminar y obviamente incompleto, acerca de un tema complejo que requiere mayor comprensión.  

En la introducción del artículo, los autores mencionan que los patrones de alimentación y los sistemas agrícolas y alimentarios han tenido cambios significativos en los últimos 50 años; situación que ha estado vinculada con el incremento de la esperanza de vida, reducción de las hambrunas y disminución de las tasas de mortalidad infantil, entre otros aspectos. Estos beneficios han sido contrarrestados por el creciente consumo de alimentos altamente procesados y alimentos de origen animal, lo cual ha contribuido al incremento de la mortalidad y carga de enfermedad debidas a enfermedades crónicas no-transmisibles (1).

Los autores plantean posteriormente, que la producción agrícola es la mayor causa de lo que ellos denominan como “cambio ambiental global”, el cual involucra la emisión de gases de efecto invernadero y el uso de recursos hídricos. Destacan además, que la transformación de ecosistemas naturales a tierras de cultivo y pasturas es la principal causa de amenazas de extinción de especies. Mencionan que el 60% de las reservas naturales de peces han sido consumidas, lo cual se refleja en el declive que ha tenido la industria piscícola desde el año 1996 (1).   

A partir de una proyección poblacional de 10 mil millones de personas para el año 2050, los autores proponen una estimación de la ingesta calórica per-cápita, desagregada de acuerdo a diferentes grupos de alimentos, que permitiría simultáneamente, garantizar una adecuada alimentación y sistemas alimentarios ambientalmente sostenibles (ver tabla 1 del artículo) (1).

Lo autores consideran que un patrón de dieta saludable debe optimizar las dimensiones física, mental y social de la salud, teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales en ciertos grupos etareos. El patrón de dieta saludable y ambientalmente sostenible que propone el documento tiene las siguientes características (página 14 de la referencia a): a) proteínas procedentes principalmente de alimentos vegetales y pescado, con consumo modesto de huevos y carne de aves, y un bajo consumo de carnes rojas, especialmente procesadas; b) consumo de grasas insaturadas provenientes de las plantas, con un bajo consumo de grasas saturadas y un nulo consumo de grasas trans de origen industrial; c)  carbohidratos provenientes de cereales integrales y un consumo muy bajo de carbohidratos refinados y azúcares; d) consumo habitual de frutas y verduras y e) consumo moderado de lácteos. Teniendo en cuenta estos criterios, los autores afirman que el patrón de dieta de referencia es flexible, permite combinar una amplia variedad de alimentos, es sostenible con el ambiente, respeta tradiciones culturales y preferencias individuales.

Sin embargo, el documento plantea de manera reiterada - a veces de manera sutil, otras veces de manera directa - que el patrón de dieta recomendado debe eliminar el consumo de todo tipo de carnes. Mencionan, por ejemplo, que las dietas veganas, vegetarianas o semi-vegetarianas han mostrado reducir la mortalidad en un 12%, con respecto a los patrones de dieta omnívoro. Destacan además, que el consumo de carnes procesadas incrementa el riesgo de mortalidad general, enfermedad cardiovascular, cánceres intestinales y diabetes mellitus tipo II. Dejan claro que la asociación observada hasta ahora, es muy débil para carnes rojas no procesadas y nula para carnes de aves y pescados (página 9 de la referencia 1). Adicionalmente aclaran, que estos hallazgos solo se han observado en Norte América y Europa, regiones en las cuales, el consumo de carne roja es muy elevada. En países asiáticos, la relación es inversa, es decir, un mayor consumo de carne está asociado a una disminución de la mortalidad, lo cual se explicaría al hecho de que estas poblaciones incrementaron este consumo hace 10 o 20 años y todavía no han observado las consecuencias de esta exposición. Los autores explican este argumento, recurriendo a los estudios que se han llevado a cabo para evaluar el consumo de tabaco (1). Esta comparación es sorprendente y, desde mi punto de vista, muy poco rigurosa. El cigarrillo no tiene ningún beneficio en salud e incrementa el riesgo de padecer múltiples enfermedades a partir de consumos muy bajos (5). El consumo de carne roja no procesada es una fuente importante de micronutrientes y proteínas y ha tenido un impacto significativo en la reducción de la desnutrición crónica en varios países africanos, tal como lo plantea el panel 3 del artículo (página 10 de la referencia 1).

A pesar de estas contradicciones e inconsistencias, los autores formulan una de las conclusiones que generan mayor controversia: la carne roja no es un alimento esencial y su ingesta óptima debe ser de cero gramos al día (frase textual: “Because intake of red meat is not essential and appears to be linearly related to total mortality and risks of other health outcomes in populations that have consumed it for many years, optimal intake might be 0 g/day, especially if replaced by plant sources of protein.)  (página 10 de la referencia 1). El artículo profundiza esta postura y afirma que para evitar la deficiencia de hierro en mujeres adolescentes que menstrúan y que no consumen carnes rojas, se debe recurrir al uso de suplementos de hierro (página 13 de la referencia 1). ¿Esta postura no propiciaría, tal como lo planteó la Doctora Cecilia Castillo en varios de sus trinos, al fortalecimiento de productos comestibles ultra-procesados que contienen hierro?

En la segunda parte del documento se presenta los efectos ambientales del consumo de diversos alimentos, específicamente en términos de gases de efecto invernadero, uso del suelo y uso de energía, entre otros (página 25 de la referencia 1). Entre los alimentos seleccionados, la carne de rumiante genera el mayor efecto negativo, hallazgo que es coherente con múltiples estudios que demuestran la gran cantidad de metano que emiten los rumiantes y los efectos indirectos ocasionados por la deforestación y el mal uso del suelo (2-4).

Soy omnívoro, pero estoy convencido acerca de la necesidad de reducir el consumo de carne de rumiantes debido, principalmente, a su impacto en el cambio climático global. Considero que, si bien el artículo incluye una síntesis muy valiosa de evidencia científica en el área de nutrición y ambiente, presenta contradicciones e inconsistencias importantes con respecto al consumo de carnes rojas. Parece que los autores no tuvieron una postura unificada acerca de este punto.

Notícula: El artículo no menciona el impacto negativo de la producción de los comestibles ultra-procesados en el medio ambiente.


Referencias

1. Willett W, Rockstrom J, Loken B, Springmann M, Lang T, Vermeulen S, Garnett T, Tilman D, DeClerck F, Wood A, Jonell M, Clark M, Gordon LJ, Fanzo J, Hawkes C, Zurayk R, Rivera JA, De Vries W, Sibanda LM, Afshin A, Chaudhary A, Herrero M, Agustina R, Branca F, Lartey A, Fan S, Crona, Fox B, Bignet V, Troell M, Lindahl T, Singh S, Cornell SE, Reddy KS, Narain S, Nishtar S, Murray CJ. Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet. 2019;S0140-6736(18)31788-4.
2. Aleksandrowicz L, Green R, Joy EJ, Smith P, Haines A. The impacts of dietary change on greenhouse gas emissions, land use, water use, and health: a systematic review. PLoS One 2016; 11: e0165797.
3. Davis KF, Gephart JA, Emery KA, Leach AM, Galloway JN, D’Odorico P. Meeting future food demand with current agricultural resources. Glob Environ Change 2016; 39: 125–32.
4. Nelson ME, Hamm MW, Hu FB, Abrams SA, Griffin TS. Alignment of healthy dietary patterns and environmental sustainability: a systematic review. Adv Nutr 2016; 7: 1005–25.
5. Zuo JJTao ZZChen CHu ZWXu YXZheng AYGuo Y. Characteristics of cigarette smoking without alcohol consumption and laryngeal cancer: overall and time-risk relation. A meta-analysis of observational studies. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017;274(3):1617-1631.

Conflictos de intereses: Ninguno. No tengo vínculos con ningún tipo de industria, incluyendo la cárnica.