Luis Fernando Gómez Gutiérrez
En esta breve nota comparto
algunos párrafos de uno de los capítulos del libro “Democracia deliberativa y
salud pública”, en las cuales abordo la amenaza que representa la industria tabacalera
transnacional (Gómez, 2017).
“La liberalización del
comercio internacional de los productos derivados del tabaco ha generado un
crecimiento significativo de su consumo en países de bajos y medianos ingresos.
De acuerdo con el Banco
Mundial, la producción de cigarrillo en estos grupos de países se ha
incrementado entre 40% y 70% en las últimas décadas (Labonté, Mohindra y Lencucha, 2011b). Esta situación se
explica por la disminución en los precios del tabaco en un contexto de amplia
competencia comercial y la privatización de monopolios estatales que lo producían
(MacKenzie y Collin, 2012). El caso paradigmático que ilustra esta situación
fue la manera como aquellos países de la ex Unión Soviética que recibieron
inversión extranjera por parte de la industria tabacalera presentaron un incremento
del consumo de tabaco de 51%; por el contrario, los países que no la recibieron
tuvieron un descenso del 3% (Labonté et al., 2011a/b). Así mismo, Corea del Sur
registró un incremento significativo en el consumo de cigarrillos, un año
después de que este país abriera su mercado a los productos de tabaco
importados desde Estados Unidos (Labonté et al., 2011b).
Si bien China National Tobacco Corporation
es el mayor productor de tabaco en el mundo, la mayoría de la producción fuera
de China está concentrada en unas pocas compañías: Philip Morris International,
British American Tobacco, Imperial Tobacco y Japan Tobacco International. Esta
realidad hace que las estrategias de márquetin que han sido exitosas en un país
comienzan a ser implementadas rápidamente en otros. Adicionalmente, el carácter
global de estas grandes corporaciones multinacionales les permite tener una
enorme injerencia en las decisiones de la OMC (Organización Mundial del
Comercio) y llevar a cabo estrategias agresivas de márquetin y publicidad, que
no siempre están bajo el control de los Estados (Samet, 2012).
En el contexto de América Latina, Labonté et
al. (2011b) señalan que la liberalización económica permitió que la British
American Tobacco comenzara a controlar el 50% de las ventas de cigarrillos en
la región y Philip Morris dominara la totalidad del mercado de productos
derivados del tabaco en República Dominicana, situación que se debe, en parte,
a la adquisición de la industria tabacalera local, lo cual le ha permitido
llevar a cabo un agresivo márquetin. El beneficio para esta última corporación
es aún mayor, debido a que ha expandido la comercialización de sus productos a
Centro América en el contexto del Central American Free Trade Agreement (dr-cafta). Esta misma situación se ha
observado en la Argentina, en donde, para el año 2011, el 90% del mercado de
tabaco estaba controlado por la Philip Morris y BAT. Esta expansión regional ha
estado acompañada de iniciativas agresivas para incrementar la participación
económica de la agroindustria del tabaco. Así, países como Honduras, Guatemala,
Uruguay y Haití tuvieron un incremento en más de 100% en las hectáreas
dedicadas al cultivo de tabaco, en el periodo 1970-2000. Si bien, algunos
cultivadores y productores pudieron haberse beneficiado con esta situación, es
claro que los resultados sociales y de salud han sido muy negativos, por las
implicaciones potenciales que tienen estas políticas en la seguridad
alimentaria y en la salud poblacional. Adicionalmente, se ha observado que en
países de bajos ingresos se recurre al trabajo infantil, con consecuencias
negativas en la vulneración de derechos en este grupo poblacional (Labonté et
al., 2011b).
Para entender adecuadamente estos
procesos, resulta ilustrativo mencionar algunos antecedentes históricos de la
manera como la industria transnacional del tabaco ha planteado globalmente su
estrategia. En el año 1977, siete corporaciones de tabaco crearon el denominado
International Committee on Smoking Issues (icosi),
con el propósito de enfrentar las diferentes iniciativas nacionales antitabaco.
Esta entidad cambió posteriormente su nombre por el de infotab (International Tobacco Information Center), que contaba
para 1984 con 69 miembros que operaban en 57 países. infotab generó material informativo y pronunciamientos
oficiales para orientar a sus miembros acerca de la manera de generar contextos
favorables para la industria de tabaco. En 1992, esta entidad fue dividida en
dos organizaciones: The Tobacco Documentation Centre and Agro-Tobacco Services
(hoy Hallmark Marketing Services). La primera siguió con las mismas tareas que
tenía infotab, la segunda se
especializó en apoyar a los cultivadores de tabaco, enfatizando la importancia
que tendría este sector en la economía de países de bajos y medianos ingresos.
La escala global de esta industria ilustra cómo los intereses corporativos
transnacionales amenazan iniciativas globales que fortalecen la salud pública
en cada uno de los países. La red creada por infotab
permanece activa (McDaniel,
Intinarelli y Malone, 2008).
Complementaria a esta iniciativa, la
industria tabacalera transnacional conformó en la década de 1980 la denominada United
States Cigarette Export Association (uscea)
con el liderazgo de Philip Morris. En los años subsiguientes, la uscea llevó a cabo un intenso y efectivo
cabildeo ante el gobierno de Estados Unidos con el propósito de que este
presionara a diferentes países para que se eliminaran barreras arancelarias y
publicitarias de sus productos. Estos esfuerzos se ven recompensados con un
incremento exponencial de las exportaciones de tabaco desde los Estado Unidos
(MacKenzie y Collin, 2012). En este contexto, Clayton Yeutter, representante de
Comercio de los Estados Unidos, afirmaba textualmente en 1989:
“Cuando una nación viola sus
obligaciones comerciales internacionales, mediante la restricción de las
importaciones de tabaco, al tiempo que permite la venta de tabaco nacional, incurre
en una discriminación contra los productos de Estados Unidos. Tenemos una
obligación establecida en la ley para atacar este tipo de discriminación, y
tenemos la intención de hacerlo sin importar el producto” (citado por MacKenzie
y Collin, 2012).
Para cumplir este propósito, Estados
Unidos siempre han intentado impulsar los acuerdos comerciales relacionados con
productos de tabaco de manera bilateral con cada país, para evitar el
escrutinio y el control de organizaciones gobernadas por el derecho público
internacional (MacKenzie y Collin, 2012). A mi juicio, esta situación es una
amenaza para la salud pública, debido a que les permite a las grandes
corporaciones tabacaleras ejercer presión legal para incrementar la
comercialización de sus productos, situación que ha sido documentada en
Singapur y Tailandia por MacKenzie y Collin.
De igual
manera, Zeigler (2006) documenta que el acuerdo trips le ha permitido a la industria tabacalera y del alcohol
obstaculizar políticas nacionales de salud pública en el área. La industria
tabacalera ha reclamado sus derechos de propiedad intelectual para obstaculizar
medidas regulatorias en Brasil, Tailandia y Canadá dirigidas a generar
etiquetados en los paquetes de cigarrillo que no incluyan logos o diseños
vinculados con las marcas. Así mismo, la industria argumenta que Tailandia y
otros países han intentado violar estos derechos, al exigirles la lista de los
ingredientes que contienen sus productos. Como se mencionó, los tratados
comerciales son discutidos entre los representantes de los gobiernos, en
escenarios donde no se permite la presencia del público o de periodistas y, por
el contrario, los representantes de la industria transnacional del tabaco
tienen la posibilidad de formular sus posiciones, sin que estén presentantes
funcionarios de las autoridades sanitarias (Zeigler 2006).
Es claro, a
partir de lo anterior, que los acuerdos comerciales internacionales amenazan la
existencia de políticas antitabaco y restringen la posibilidad de nuevos
controles. En muchas ocasiones, estos acuerdos comerciales son un poderoso
mecanismo que utiliza la industria para hacer prevalecer sus intereses, sin
ningún tipo de escrutinio público (Shaffer et al., 2005). Adicionalmente, son
tratados que vinculan legalmente a los gobiernos, pero no a la industria.
Debido a la naturaleza y propósitos de estos acuerdos comerciales, las
regulaciones dirigidas a restringir el márquetin de productos que afectan
negativamente la salud de las personas tienen poca posibilidad de ser
implementadas, si no existe una sociedad civil suficientemente empoderada e
institucionalizada (Zeigler, 2006).
Los tomadores de decisión y los actores
que abogan por el derecho a la salud deben ser conscientes de que estas
asociaciones que reclaman intereses nacionales o regionales, hacen parte de los
esfuerzos coordinados de una confederación de compañías tabacaleras
transnacionales que buscan proteger sus intereses económicos y minar los
esfuerzos de acciones que se plantean desde la salud pública (McDaniel et al., 2008).”
* La Editorial
Javeriana me ha autorizado compartir algunos extractos del libro.
Referencias
Gómez LF. Democracia
deliberativa y salud pública. Editorial Javeriana, 2017. https://www.jstor.org/stable/j.ctv86dg7w
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