viernes, 12 de abril de 2019

Lo que se entiende por sociedad civil tiene efectos en el ejercicio de la salud pública y salud global


Luis Fernando Gómez Gutiérrez

Párrafos tomados del libro “Democracia deliberativa y salud pública”, en las cuales se aborda la relevancia de los conceptos de esfera pública y sociedad civil en el quehacer de la salud pública (Gómez, 2017).

“El concepto de esfera pública designa el espacio social que se configura en la modernidad y en el que se lleva a cabo la participación política, a través de procesos comunicativos mediados por el habla. En la esfera pública los ciudadanos deliberan acerca de asuntos de su interés, en ámbitos tan diversos como la actividad política de las personas fuera de los partidos oficialmente institucionalizados, los grupos de activistas, las organizaciones voluntarias o las discusiones espontáneas en múltiples escenarios cotidianos. La esfera pública puede ser descrita como una red en la que fluyen perspectivas y puntos de vista, que son filtrados y sintetizados a través de opiniones públicas. En la esfera pública se pueden criticar y expresar disentimientos y lograr un acuerdo sobre un asunto de interés común (Habermas, 1998a).

Habermas enfatiza que la esfera pública no puede ser asumida como una institución, como una organización, ni como un marco de normas que estructura un “orden social”. Esta no incluye las relaciones económicas o mercantiles que tratan de asuntos exclusivamente relacionados con comprar o vender, abordajes que permiten generar una diferencia entre los aparatos estatales, los mercados económicos y las asociaciones o grupos de la sociedad civil. Así mismo, los asuntos que se deliberan en la esfera pública no tienen una expresión en términos de representación política, debido a que no es una agregación de individuos que expresan sus posturas de manera aislada (1998a, p. 360).

Existen diferentes maneras de entender el concepto de “sociedad civil”. En la visión del liberalismo clásico, esta es concebida como un espacio del orden privado plenamente separado del Estado; por lo tanto, para un adecuado funcionamiento de la esfera pública, es precondición la existencia de un Gobierno con un margen de acción limitado que dé plena libertad al mercado económico (Fraser, 1990). En Estados con separación de poderes públicos, en los que los parlamentos son elegidos popularmente, esta separación tiende a desaparecer y, por el contrario, la sociedad civil empieza a representar sectores de la esfera pública dentro de los órganos del Estado. Es allí donde se plantean, de acuerdo con Nancy Fraser, dos funciones duales de las esferas públicas: la formación de opinión pública y la toma de decisiones.
Como se mencionó en párrafos anteriores, para Habermas (1998a) la sociedad civil está conformada por las instancias no gubernamentales y no económicas, que anclan las estructuras de comunicación de la esfera pública. Está compuesta por organizaciones y movimientos que permiten que los problemas sociales que se plantean en las esferas de la vida privada puedan resonar con mayor fuerza en la esfera pública y permearla. En esta mirada, la sociedad civil es una interface entre la esfera privada y la pública
Para Nancy Fraser (1990), estos conceptos de esfera pública y sociedad civil permiten diferenciar la sociedad civil del aparato estatal, la economía de mercado y las asociaciones democráticas, distinción fundamental para concebir una adecuada teoría democrática. Una pobre delimitación conceptual entre lo que es y no es la sociedad civil puede distorsionar considerablemente las discusiones relacionadas con iniciativas de salud pública y salud global, para lo cual es adecuado plantear un ejemplo. En septiembre de 2011 se llevó a cabo la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre enfermedades no transmisibles, la cual contempló una declaración política en la que se hacía un llamado a emprender acciones para prevenir y controlar estas enfermedades (WHO, 2011). En las reuniones preparatorias llevadas a cabo en Moscú y Nueva York estuvieron involucrados varios representantes de la “sociedad civil”, entre los que se incluía el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, entidad que claramente buscaba defender intereses económicos por encima de los públicos (WPHNA, 2011). En los registros oficiales de las Naciones Unidas relacionados con esta reunión, aparecen las siguientes supuestas organizaciones que representan a la sociedad civil: la cervecera Sabmiller, Global Alcohol Producers, Glaxo Smith Kline y Sanofi Aventis (United Nations, 2011). Es obvio que los intereses de estas multinacionales difieren abismalmente de las organizaciones que representan a los sectores ciudadanos.”
Gómez LF. Democracia deliberativa y salud pública. Editorial Javeriana, 2017. https://www.jstor.org/stable/j.ctv86dg7w

* La Editorial Javeriana me ha autorizado compartir algunos extractos del libro. 

viernes, 5 de abril de 2019

No existe un Estado planetario que soporte el concepto salud pública global. Contribuciones a un debate que tiene implicaciones prácticas


Luis Fernando Gómez Gutiérrez

Párrafos tomados del libro “Democracia deliberativa y salud pública”, en las cuales analizo los conceptos de salud internacional, salud global y salud pública global (Gómez, 2017).

“En los últimos 20 años han surgido diferentes maneras de entender los términos salud global, salud pública global, salud internacional, diplomacia en salud, gobernanza global en salud y gobernanza global para la salud, entre otros. Desde mi postura, esta proliferación de términos genera confusión y refleja los desafíos que tenemos para entender los asuntos relacionados con la salud de las poblaciones en un contexto de globalización. Tal como lo propuse en la introducción de este libro, asumo la salud pública como el esfuerzo organizado por parte de una sociedad para promover, proteger y restaurar la salud de las personas. En este caso, entiendo que la sociedad está configurada por una comunidad política, situación que supone la existencia de una institución soberana (Philpott, 2016) ….
La salud internacional involucra las acciones de cooperación entre Estados en asuntos atinentes a la salud de cada una de sus poblaciones (Lee, 2007). Esta fue la motivación original de las Conferencias Sanitaria Internacionales llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, las cuales buscaban generar acciones para controlar la diseminación de enfermedades infecciosas, como el cólera, la peste y la fiebre amarilla. Dentro de estas acciones se incluían medidas de cuarentena y puestos de vigilancia sanitaria en los puertos y vías marítimas, para evitar que estas enfermedades se diseminaran en los territorios de cada país (Franco y Álvarez, 2009; Mateos, 2005).
En 1999, Ilona Kickbusch propone el término “salud pública glocal”, recurriendo como ejemplo a la iniciativa de Ciudades Saludables, lanzada en Europa en 1986 y estructurada a partir de dos ideas básicas: el redescubrimiento de la relevancia de la salud pública local y la integración de las experiencias de las ciudades, a través de una red con propósitos comunes.  …
A partir de los anterior, esta misma autora asume la salud global como los asuntos de salud que trascienden las fronteras y la capacidad de acción de los Estados modernos, lo cual genera la necesidad de respuestas globales (Kickbusch, 2006). A este respecto, plantea en dos trabajos publicados en 2004 y 2006 la necesidad de generar un abordaje de salud pública, para enfrentar los crecientes desafíos de la salud global, tarea que requeriría un esfuerzo comparable al que se llevó a cabo en el siglo XIX, durante surgimiento y desarrollo de lo que denomina la “primera salud pública”. Este nuevo abordaje exige, de acuerdo con Kickbusch, llevar a cabo discusiones acerca de asuntos globales en salud a nivel nacional, en las cuales estén involucrados ciudadanía y sectores políticos. Enfatiza, además, que las asociaciones nacionales de salud pública deben asumir el liderazgo en lo que ella denomina “estrategia nacional de salud global”. Propone que los procesos de este tipo que se llevan a cabo dentro de cada país generen consensos en tres aspectos básicos: a) acciones que se deban emprender para enfrentar desafíos globales que afecten la salud de las personas que habitan el país; b) acciones para enfrentar problemas globales relacionados con salud de los cuales el país sea responsable; y c) acciones para abordar problemas globales de salud donde el país pueda contribuir (Kickbusch, 2006). Se destaca en esta propuesta la conexión los problemas globales de salud con los locales, lo cual significa que se deben integrar los esfuerzos para enfrentar los desafíos globales con las políticas nacionales de salud...
Con el propósito de generar un modelo de salud pública global, Kickbusch (2004) muestra la necesidad de un contrato social global en asuntos de salud que esté vinculado con movimientos de ciudadanía global, como aquel que ha permitido el acceso a medicamentos para tratar el VIH-SIDA. Más allá de estas loables intenciones, plantearé al final de este ensayo que el cumplimiento de este anhelo cosmopolita de una salud pública global está todavía muy lejano y puede dar cabida, paradójicamente, a reproducir enfoques prescriptivos que tienen muy baja legitimidad social y solo están articulados por mecanismos jurídicos.”
El término cosmopolita deriva del griego kosmopolitês, que significa “ciudadano del mundo”. Ha sido utilizado de formas diversas en filosofía política, pero con la idea central de que todos los seres humanos son miembros de una comunidad. El cosmopolitismo encarna la idea de que los seres humanos tienen responsabilidades ciudadanas que no se circunscriben al sitio o al país donde residen (Kleingeld y Brown, 2014). Se han acuñado los términos débil y fuerte, para identificar las posiciones contrapuestas que tiene el cosmopolitismo. El cosmopolitismo débil plantea que existen algunas obligaciones morales extranacionales; el fuerte plantea, por el contrario, que no pueden existir principios amplios de justicia distributiva, si aquellas no son aplicadas a nivel global, y que, adicionalmente, nadie debe tener el derecho de apelar a su nacionalidad para invocar un comportamiento discrecional. Esta posición fuerte se resume en la siguiente pregunta: ¿si todas las personas están en posición adecuada para tener una buena vida, porqué los connacionales no pueden gastar el exceso de recursos en otros? (Brock y Brighouse, 2005).
Para analizar la posibilidad de la existencia de una esfera pública transnacional y su papel en procesos de abogacía relacionados con salud, es pertinente recordar cuáles son las características que se espera de una esfera pública nacional. A este respecto, Nancy Fraser (2014) señala que el concepto de esfera pública ha sido desarrollado con el propósito no solo de entender los flujos de comunicación entre actores sociales, sino, además, de contribuir a la teoría política normativa de democracia o, en otros términos, para relacionar la participación ciudadana con la eficacia política. Desde esta perspectiva, la esfera pública debe estar estrechamente vinculada con un poder político soberano, que usualmente se le asigna al Estado donde reside una comunidad política. Sin estos presupuestos, el concepto pierde su fuerza crítica y emancipadora. Para esta autora, es difícil vincular la noción de opinión pública legítima con ámbitos comunicativos en los cuales los interlocutores no son miembros asociados de una comunidad política, con iguales derechos de participación ciudadana. Adicionalmente, es difícil asociar la noción de un poder comunicativo eficaz en espacios discursivos que no están correlacionados con los Estados soberanos. A pesar de estos desafíos, Fraser aclara que la posibilidad de una esfera pública transnacional no debe ser descartada en el futuro.
En la teoría sobre la esfera pública, se considera legítima la opinión pública si todos los actores potencialmente afectados tienen la capacidad de participar como pares en deliberaciones concernientes a la organización de sus asuntos comunes. Esta legitimidad está en función de dos atributos: a) qué tan incluyente es el proceso de deliberación, en el sentido de que todos los interesados en un asunto tienen la posibilidad de involucrarse en deliberaciones públicas, y b) el grado de paridad participativa, que en un escenario ideal debe ser igual para todas las personas. Si una deliberación es incluyente, está relacionada con la pregunta por quién está autorizado a participar en discusiones públicas; en cuanto a la paridad, concierne a la pregunta por cómo o en qué términos los interlocutores se involucran entre ellos (Fraser, 2014). Con respecto a la eficacia política, se pueden identificar dos elementos distintivos: la condición de traducción y la condición de capacidad. La primera se refiere al imperativo de traducir el poder comunicativo en leyes vinculantes que afecten el poder administrativo; la segunda indica la capacidad de llevar a cabo acciones políticas que resuelvan los problemas sociales, de acuerdo con los deseos de las personas (Fraser, 2014).
En resumen, el concepto de esfera pública transnacional impone un gran desafío a la teoría política, debido a que en el mundo actual los participantes no comparten una ciudadanía transnacional y en la mayoría de los casos no tienen la posibilidad de hacer exigibles los derechos a través de mecanismos jurídicos. En otras palabras, las actividades de los movimientos sociales de carácter global no están vinculadas necesariamente a una entidad transnacional integrada por representantes de los Estados nacionales elegidos democráticamente. …..  ..... no existe un demos global atado a una autoridad de carácter supranacional. Sin la generación de leyes o regulaciones vinculantes que sean acatadas por ciudadanos globales, no es posible generar una ética política global de carácter transnacional (Baker, 2002).
En este punto, me acojo a lo que plantea Habermas en su libro La constelación posnacional, texto en el cual se aleja de posturas fuertes de cosmopolitismo que se soportan en elementos jurídicos, pues considera que las estructuras políticas transnacionales corren el riesgo de ser profundamente antidemocráticas y en muchas ocasiones funcionan como sistemas en los cuales se negocian acuerdos a espaldas de la ciudadanía. La autodeterminación, entendida como la manera en que los ciudadanos son autores de sus propias leyes a través de procesos deliberativos, es un criterio básico de la democracia que no puede ser satisfecho en el orden mundial actual (2011; Bohman y Rehg, 2014). En otras palabras, las comunidades que denominamos nacionales siguen siendo el foro primario de la democracia participativa y deliberativa. El cosmopolitismo solo podría ser democrático si se cumplen los criterios de autodeterminación por parte de una comunidad política global. Debido a esta circunstancia, no es posible hablar de una salud pública global o regional y surge la necesidad de asumir una posición realista que se acerque a un ideario democrático, en términos de salud global.
Los procesos y resultados de algunos tratados internacionales brindan un ejemplo adecuado para soportar esta conclusión. Diversos estudios llevados a cabo en los últimos 10 años no han encontrado nexos entre la ratificación de tratados internacionales relacionados con los derechos humanos y diversos resultados en salud, medidos en términos de prevalencias de vih-sida, muertes maternas y mortalidad en menores de 5 años (Palmer et al., 2009; y Røttingen, 2015). Estos hallazgos no significan que estos tratados no puedan ser relevantes, pero es claro y bastante obvio que los efectos de los mismos serán marginales o nulos en aquellos países donde existen déficits democráticos, vinculados principalmente a una pobre participación de la sociedad civil.
Esta evidencia refuerza nuevamente el argumento acerca de las debilidades que tienen concepciones cosmopolitas basadas solo en elementos jurídicos, que desconocen el papel fundamental de las comunidades políticas.
Si bien en las actuales circunstancias no parece conveniente impulsar un cosmopolitismo fuerte, esto no quiere decir que en contexto globalizado aquellas entidades internacionales receptivas a las voces de las organizaciones sociales no tengan un papel relevante en garantizar el derecho a la salud. Las organizaciones intergubernamentales bajo el control del Sistema de las Naciones Unidas o, en el caso de América Latina y el Caribe, de la Organización de los Estados Americanos, pueden jugar un papel relevante a la hora de abogar por la promoción de la salud en las diferentes comunidades políticas, si están soportadas por una tupida red de organizaciones de la sociedad civil con vínculos globales o regionales. En este escenario, que algunos consideran alejado de un cosmopolitismo “fuerte”, se podría concebir una salud global estrechamente vinculada al quehacer de la salud pública en el territorio de cada Estado. En este sentido, se deben generar profundas reformas estructurales en la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de fortalecer su gobernanza global y su independencia (Hoffman y Røttingen, 2013). “

Gómez LF. Democracia deliberativa y salud pública. Editorial Javeriana, 2017. https://www.jstor.org/stable/j.ctv86dg7w

* La Editorial Javeriana me ha autorizado compartir algunos extractos del libro.