Luis Fernando Gómez Gutiérrez
Noviembre de 2016
Una de las críticas que
formulan algunos sectores sociales y empresariales para oponerse a un impuesto
a las bebidas azucaradas, esta soportada en el hecho de que la obesidad está
determinada por una compleja trama de factores de riesgo y determinantes
sociales (1). Bajo esta mirada, un impuesto no resolverá el problema debido a
que no está acompañado de medidas integrales en diversos sectores, arropadas en
una sola política pública. Estos argumentos son aparentemente convincentes,
pero no tienen en cuenta la manera en la que se legitiman las políticas
públicas en salud y en otras áreas. Desde mi perspectiva, es muy poco efectivo
y potencialmente antidemocrático, plantear políticas públicas que contemplen
acciones simultáneas en varios frentes, en temas de salud pública tan complejos
como la obesidad. En esta breve nota brindaré argumentos para soportar esta
afirmación.
En primer término, una
iniciativa legislativa que intente abordar integralmente el problema de la
obesidad, puede terminar abarcando multiplicidad de acciones poco específicas y
con un nivel de aplicación muy débil. Un ejemplo fue la ley 1355 de 2009, denominada
“ley de obesidad” (2). Los legisladores y los académicos que participamos en
esta iniciativa legislativa, estábamos tan preocupados por generar una norma que
garantizara acciones integrales, que se descuidaron los alcances de cada una de
las medidas que se contemplaron. Debido en parte a esta situación, esta ley no
incluyó mecanismos sancionatorios y términos perentorios para regular cada uno
de sus artículos. Después de seis años de su promulgación, esta ley terminó
siendo una declaración de buenas intenciones, con muy poco o nulo impacto en
salud.
Por otra parte, pretender que
una iniciativa legislativa incluya todos las acciones para prevenir y controlar
la obesidad, puede atentar contra el derecho que tiene una sociedad de
deliberar acerca de asuntos públicos relacionados con salud. Cuando el nivel de
acuerdo y el grado de discusión social acerca de un tópico en salud tan
complejo como la obesidad es incipiente, surge la necesidad de propiciar
deliberaciones ciudadanas acerca de acciones políticas concretas. Este es un
argumento que se plantea desde la democracia deliberativa y que puede aplicar a
políticas de diverso tipo (3). Es claro sin embargo, que estas deliberaciones
tienen la posibilidad de ser entrelazadas con asuntos que pueden anticipar
otras acciones políticas y que permitirían construir paulatinamente una
política integral. Así, y a manera de ejemplo, las discusiones sociales en
torno a un impuesto a las bebidas azucaradas, pueden generar las siguientes preguntas:
- Porqué la población infantil está expuesta a la publicidad de bebidas azucaradas y de otros productos no saludables?
- Porqué muchos colegios no regulan la oferta de este tipo de bebidas?
- No sería necesario mejorar la calidad del agua para que esta política tuviera más impacto?
- Qué políticas serían necesarias para estimular la producción y consumo de alimentos no procesados en Colombia?
Finalmente, las acciones
legislativas que intentan abarcar muchos frentes en forma simultánea, pueden caer
en la tentación del cientificismo. A partir de la evidencia existente, los
investigadores y académicos hemos configurado esquemas de intervenciones
políticas y ambientales para promocionar alimentación saludable y actividad
física. Estas son, sin duda, herramientas valiosas que orientan las acciones de
salud pública. Resulta, sin embargo, inadecuado pretender que una sociedad
acepte de una manera pasiva la aplicación simultánea de todas estas medidas,
situación que puede generar políticas con baja legitimidad social y nula
aplicación. Esta situación nace en parte, por la concepción errónea de asumir
que las políticas públicas solo se deben soportar en argumentos científicos y
muy poco o nada, en deliberaciones sociales que contemplan otras
consideraciones, relacionadas con la manera en que queremos vivir nuestras
vidas en sociedad. En otras palabras: no se debe predefinir desde la academia y
de la institucionalidad de la salud pública, una hoja de ruta para prevenir la
obesidad, sin haberla discutido con la sociedad.
Se puede concluir que enfocar nuestros esfuerzos de abogacía en la implementación de un impuesto a las bebidas
azucaradas, ha permitido orientar la atención del público en una acción concreta.
Adicionalmente, ha abierto el debate acerca de otras políticas públicas, que se
podrían abordar en un futuro. Bajo esta propuesta, la integralidad se logrará a
medida que se amplíen los consensos sociales, con respecto a otras acciones que
se requieran para prevenir la obesidad, entre las que se contemplan las
siguientes: restricciones al márquetin y publicidad de alimentos y bebidas
ultra-procesados, etiquetado frontal de fácil comprensión para el consumidor,
modificación de los entornos alimentarios escolares y acciones políticas para
promocionar la actividad física (4).
No es estar en contra de la
integralidad de las políticas, es aspirar que esta se logre a partir del ritmo
que dicte la sociedad.
Referencias
1)
Snowdon C. The ineffectiveness of food and soft drink taxes. Cato
Unbound. A Journal of debate. 2015. Disponible en: https://www.cato-unbound.org/2015/01/12/christopher-snowdon/ineffectiveness-food-soft-drink-taxes
2) República de Colombia. Ley
1355 de 2009. Disponible en: http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1355_2009.htm
3)
Regh W. Translator´s introduction. En: Habermas J. Between facts and norms.
Contributions to a discourse theory of law and democracy. Cambridge: The MIT
Press. 1998.
4) Hawkes C, Smith TG, Jewell J, Wardle J, Hammond RA, Friel S, Thow AM, Kain J. Smart food policies for obesity prevention. Lancet 2015;385(9985):2410-2421.
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