Luis Fernando Gómez Gutiérrez
En esta breve nota, deseo plantear
algunas reflexiones acerca de cómo la financiación de grupos académicos en el área
de la actividad física, por parte de la industria de bebidas y comestibles
ultra-procesados, genera interferencia en procesos de abogacía dirigidos a
implementar políticas para prevenir la obesidad desde el área de la
alimentación.
Un modo de vida que involucre
actividades que requieran movimiento corporal genera múltiples beneficios en la
salud y el bienestar humano. El informe reciente del comité de expertos de las
Guías de Actividad Física 2018 de los Estados Unidos, destaca que, además de
los conocidos beneficios de la actividad física en la prevención de las
enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y diversos tipos de cáncer,
existe evidencia fuerte que la vincula a una mejor calidad del sueño y a un incremento
del desempeño ejecutivo en la realización de actividades que requieran
atención, así como a una disminución del riesgo de aparición de depresión (1). Adicionalmente,
las políticas públicas que promocionan actividad física, están estrechamente
conectadas con las agendas globales de desarrollo urbano sostenible y
mitigación del cambio climático global (2).
Si bien la disminución del
gasto de energía por actividad física es uno de los factores que explica la
actual epidemia de obesidad en el mundo, la evidencia indica que el incremento
de la ingesta calórica de bebidas y comestibles ultra-procesados tiene un peso
mayor en la aparición de este problema. La obesidad es una condición crónica
multifactorial y está estrechamente vinculada con inequidades sociales y
económicas de diferente orden (3).
A pesar de esta evidencia, la
industria de bebidas y comestibles ultra-procesados ha recurrido a una
manipulación del concepto de balance de energía*; lo cual se ilustra en la
conformación de la Red Global de Balance de Energía en el año 2015 (en inglés:
Global Energy Balance Network). Esta iniciativa fue liderada por reconocidos profesores
de universidades estadounidenses, entre los cuales se destacó Steven Blair de
la Universidad de Carolina del Sur. Dos pronunciamientos de esta red generaron
cuestionamientos desde su inicio. El primero fue desestimar la evidencia con
respecto a los vínculos entre bebidas azucaradas y obesidad. El segundo,
relacionado con el anterior, fue plantear que la solución del problema se limitaba
a la promoción de la actividad física. Después de una intensa presión social
por parte de grupos académicos y organizaciones de la sociedad civil, los
miembros de la red reconocieron públicamente la financiación de Coca Cola
(4,5).
En el contexto latinoamericano,
la industria ha promocionado la idea de que si se realiza actividad física se
puede lograr fácilmente un balance de energía, lo cual les permitiría a las
personas consumir cualquier cantidad de bebidas y productos comestibles
ultra-procesados. Este engaño se ilustra en la campaña publicitaria de Coca
Cola denominada “149 calorías”, la cual fue promocionada en México a través de
múltiples canales de marketing durante el año 2013. En esta, se mostraba la
imagen de una joven que montaba bicicleta con una botella de Coca Cola, con el
mensaje: “149 calorías para disfrutar 22 minutos de bicicleta”. La organización
El Poder del Consumidor denunció esta estrategia publicitaria, a partir de un
hecho contundente: la botella de la bebida era de 600 mililitros, la cual
contiene 252 Calorías y no 149 como lo afirmaba la pieza publicitaria (6,7). A
partir de este y otros mensajes engañosos, la Procuraduría Federal del
Consumidor le ordenó a Coca Cola la suspensión de esta campaña publicitaria (8).
Teniendo en cuenta el
Compendio de Actividad Física liderado por la profesora Barbara Ainsworth, el
uso habitual de bicicleta para propósitos recreativos o utilitarios a
velocidades menores a 16 kilómetros por hora, genera un gasto promedio de
energía de 4,9 Calorías por minuto (9). La ingesta de 252 Calorías provenientes
de una gaseosa requeriría aproximadamente 51 minutos de uso de bicicleta, sin
tener en cuenta otros factores biológicos relacionados con el incremento del
apetito y la baja compensación dietaria de la bebidas azucaradas (10). En este
sentido, la evidencia indica que el consumo habitual de bebidas azucaradas está
asociado a un mayor riesgo de obesidad, aun después de ajustar por actividad
física y otras variables (11,12).
A partir de este enfoque poco
riguroso de abordar el concepto de balance de energía, la industria de bebidas
y productos comestibles ultra-procesados, ha financiado investigaciones en el área
de la actividad física y nutrición. Esta iniciativa se enmarca dentro de una
estrategia más amplia que busca propiciar una percepción favorable de la
industria ante la opinión pública y ganar aliados en el mundo académico, con el
propósito último de bloquear cualquier acción de salud pública que vaya en
contra de sus intereses económicos (13).
Un estudio reciente llevado a
cabo por Serodio et al, encontró que 907 investigadores publicaron 389 estudios
financiados por Coca Cola entre los años 2008 a 2016 y solo el 4,6% de ellos
habían sido incluidos en la lista de “transparencia” de Coca Cola.
Adicionalmente, esta revisión encontró que los tópicos que más se abordaban en
los estudios eran la actividad física, el sedentarismo y aquellos relacionados
con el balance de energía (14).
¿Por qué estos vínculos entre
la industria y la academia le hacen daño a la salud pública? En primer término,
una sociedad que valora la ética del discurso antepone la relevancia de la
veracidad expresiva en sus deliberaciones sociales, la cual se presenta cuando “la intención expresada por el hablante
coincide realmente con lo que este piensa” (15). Este principio es violado cuando los investigadores financiados
por la industria no declaran conflictos de intereses, degradando la calidad de
los debates públicos al prestarse como voceros de la industria, sin que la
sociedad lo sepa. Sin veracidad expresiva el público no puede juzgar si los académicos
que se oponen a una acción política, como por ejemplo el incremento del
impuesto a las bebidas azucaradas, lo hacen por convicción soportada en
argumentos racionales o porque reciben apoyo de una corporación que se opone a
la medida (16).
Por otra parte, cuando
sectores de la academia deciden aceptar financiación de la industria de las
bebidas azucaradas y comestibles ultra-procesados, la comunidad que defiende la
salud pública pierde aliados valiosos. Es probable que una importante proporción
de estos investigadores, podrían estar dispuestos a apoyar las acciones
políticas para promocionar una alimentación saludable, si no tuvieran este tipo
de vínculos y conflictos de intereses.
Finalmente, la financiación de estudios por parte de la industria genera, de manera irresponsable, un ambiente de incertidumbre acerca de asuntos en los cuales hay un amplio consenso por parte de grupos académicos independientes. Es claro que el vínculo entre academia e industria tiene el riesgo de generar investigaciones con resultados amañados. En una amplia revisión liderada por Bes-Rastrollo se encontró que los estudios que examinaban la relación entre consumo de bebidas y obesidad, tenían 5 veces más posibilidades de no reportar asociación cuando las investigaciones eran financiadas por la industria, con respecto a aquellas que no lo eran (17). La evidencia acerca de los efectos adversos que tienen los azúcares adicionados en la salud humana, se ha construido a partir de los primeros trabajos llevados a cabo por John Yudkin en la década de 1950 y se consolidó en las recomendaciones que generó la Organización Mundial de la Salud en 2015 acerca del tema (18,19).
¿Qué acciones se podrían
plantear para contrarrestar esta interferencia de la industria a través de la
academia? En primer término, es necesario exigir declaración de conflictos de
intereses, no solo en los artículos científicos y eventos académicos, sino
además, en audiencias públicas que se lleven a cabo en órganos legislativos,
entrevistas en medio de comunicación y columnas periodísticas. En el año 2016,
en el contexto de la discusión del impuesto a las bebidas azucaradas, diversos
académicos que se oponían a esta medida recurrieron a argumentos similares a la
industria y la gran mayoría no manifestaron si tenían vínculos o no con este
sector empresarial. En este caso, es necesario visibilizar públicamente esta
situación y plantear un debate público acerca del grave daño que genera, no
solo para la salud pública, sino además, para una democracia, la no declaración
de conflicto de intereses.
Por otra parte, es necesario
sostener un diálogo franco y respetuoso con los investigadores que, de manera a
veces ingenua, han recibido apoyo de la industria. Los argumentos éticos y
científicos que soportan las acciones políticas por las cuales estamos
abogando, son lo suficientemente sólidos para convencerlos acerca de la
conveniencia de romper vínculos con la industria. Las agendas en el área de la
salud pública deben ser interdependientes y no deben entrar en contradicciones
que son éticamente insostenibles. Sería inaceptable, por ejemplo, que los
sectores que defendemos el derecho a una alimentación saludable, recibiéramos
el apoyo de un sector de la industria automotriz que se oponga a iniciativas
para promocionar el transporte activo o mejorar la seguridad vial.
* El balance de energía es la
relación entre la ingesta calórica proveniente de los alimentos y productos
comestibles y el gasto de energía generado por diferentes procesos metabólicos,
entre los que se destaca la actividad física.
A manera de posdata: Si
bien no se ha podido demostrar un vínculo directo entre el presidente electo de
Colombia Iván Duque y la industria de bebidas azucaradas, llama la atención los
argumentos a los cuales recurrió para oponerse al impuesto a las bebidas
azucaradas en 2016, los cuales fueron muy similares a los que ha utilizado está
industria desde hace varios años (ver video: https://www.youtube.com/watch?v=lDKkCDO_0Uo).
En su declaración Iván Duque magnificó el problema de la inactividad física y
subestimó, sin ningún tipo de evidencia, la relación entre el consumo de
bebidas azucaradas y obesidad. ¿Esta declaración fue preparada con el apoyo de
académicos afines a la industria? Queda la duda.
Declaro no tener conflictos de
intereses.
Entidades que han financiado proyectos de investigación y consultoría, en los cuales he participado: Bloomberg Philanthropies, UNICEF, IUHPE, OPS, IDRC, EMBARQ, Colciencias, Fundación Ciudad Humana, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Washington en Saint Louis, Ministerio de salud y protección social de Colombia, Secretaría de salud de Bogotá.
Referencias
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Guidelines Advisory Committee Scientific Report. Washington, DC: U.S.
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https://well.blogs.nytimes.com/2015/08/09/coca-cola-funds-scientists-who-shift-blame-for-obesity-away-from-bad-diets/
(consultada el primero de junio de 2018).
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(consultada el primero de junio de 2018)
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8. Calvillo a. Es retirada
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http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/es-retirada-y-sancionada-campana-multimillonaria-de-coca-cola/
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